Lamentan la falta de un protocolo «claro»

El Defensor del Paciente señaló ayer que la falta de un protocolo «claro» y la omisión del deber de socorro como algunas de las medidas «responsables» del «caos» que se ha registrado en las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

A través de un comunicado, esta organización denunció que la guía de prevención y control frente al Covid-19 del Gobierno para estos centros fue redactada el 24 de marzo, cuando el estado de alarma había sido acordado diez días antes. Además, indicó que las comunidades autónomas «tampoco reaccionaron», a pesar de tener competencias en esta materia «que no habían sido anuladas».

«El fallecimiento de nuestros mayores también ha sido debido a la conducta omisiva del Gobierno y comunidades autónomas. De otra manera no se comprende que muchas residencias no hayan derivado a los ancianos a los Servicios de Urgencias», apuntó.

Y ante el escenario vivido, en este sentido, el Defensor del Paciente abrió varios interrogantes, como por qué, ante la falta de camas, los ancianos más graves no fueron derivados a la sanidad privada, en donde había más de 2.000. A su juicio, «los pacientes deben saber y conocer que todos los centros públicos tienen la obligación de derivar a la sanidad privada a los pacientes críticos que no pueden asumir, y esta no podrá rechazar la asistencia de urgencias y tendrá que reclamar los gastos al Servicio de Salud de la comunidad autónoma que haya decidido la derivación». La organización dejó claro que en esta situación ya existía la posibilidad de acudir a la sanidad privada antes del estado de alarma.