Las empresas que defrauden con los Erte tendrán multas de hasta 187.000 euros

En torno a medio millón de empresas han presentado ya Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) por culpa de la crisis del coronavirus, mandando al paro a cerca de cuatro millones de trabajadores, según los últimos datos proporcionados por el Gobierno. Esto supone un elevado gasto para las arcas del Estado, que tiene que pagar además de las prestaciones por desempleo a todos los afectados, las cotizaciones sociales, puesto que en este tipo de Erte por fuerza mayor el Ejecutivo abona entre el 75% y el 100% de las cuotas que pagan las compañías por esos empleados.

Por ello, el Gobierno ha creado una sanción específica que se aplicará a aquellas empresas que presenten solicitudes fraudulentas para la obtención de un Erte y que conlleva multas que van desde los 6.200 hasta los 187.000 euros, según consta en la nueva norma incluida en el Real Decreto de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo que ha sido publicada este miércoles en el BOE. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había advertido de que la Inspección de Trabajo tenía la orden de revisar todos los expedientes aprobados para comprobar que no se hayan cometido fraudes, ya que el Ejecutivo no está dispuesto a utilizar recursos públicos, que salen de los impuestos de todos los españoles, para subvencionar a empresas que aprovechen esta situación para evitar el pago de las nóminas durante esta pandemia.

Así, a través de este Real Decreto, el Gobierno endurece la ley y considera ahora como "sanción muy grave" en el orden social "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones". Según esta ley reformada ahora por decreto, esta infracción "muy grave" lleva aparejadas multas que van desde los 6.251 a 25.000 euros en su grado mínimo; de 25.001 a 100.005 euros en su grado medio; y de 100.006 a 187.515 euros en su grado máximo, según regula el artículo 40 del Real Decreto 5/2000 aprobado en agosto del año 2000. La Inspección de Trabajo será la encargada de establecer el grado de la infracción. Multa por cada trabajador Pero además, en el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social, por lo que la multa podría multiplicarse en función del número de trabajadores a los que haya aplicado un Erte.

Además, la empresa que cometa esta infracción deberá devolver las prestaciones indebidamente percibidas por sus trabajadores, lo que implica tanto el pago del desempleo como las cotizaciones sociales que haya asumido el Estado, según recoge expresamente esta norma.