Diario de León

Silván explica la moción del PP en la Cámara Alta sobre la situación de los Administradores de Fincas

El senador popular por León destaca la importancia de un colectivo que gestiona unos recursos anuales que representan el 4% del PIB nacional 

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El senador del Partido Popular por León Antonio Silván ha presentado en la Cámara Alta, junto al resto de senadores populares de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Antonio Román, Francisco

Bernabé y Pedro Rollán) y la firma del portavoz, Javier Maroto, una moción en dicha comisión para su debate.

Silván ha recordado, como hizo en la presentación de sus preguntas la semana pasada, que el Consejo General de Administradores de Fincas de España representa a más de 15.000 administradores de fincas colegiados, cuya labor principal consiste en atender y coordinar las necesidades de los edificios y las personas que allí residen para mantener la calidad de vida de sus ocupantes, estimándose que el conjunto de Comunidades de Propietarios gestiona unos recursos anuales que representan el 4% del PIB nacional (casi 40.000 millones de euros).

Administradores de fincas a quienes, por su responsabilidad y función, les afecta muy directamente el escenario derivado de la emergencia de salud pública causada por el Covid-19 y la declaración del estado de alarma, al tener encomendada la gestión y la gobernanza de los edificios y fincas de las referidas Comunidades de Propietarios que, en su mayoría, se destinan a vivienda y en los que reside en torno a un 80% de la población en nuestro país.

Por ello, el Consejo ha manifestado su preocupación por los retos a los que este sector se va a tener que enfrentar cuando se inicie la llamada fase de desescalada y finalice el actual estado de alarma, lo que hace indispensable adoptar cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar el mejor funcionamiento de todos los edificios.

Entre estos retos, de forma inmediata, van a tener que hacer frente a la gran acumulación de trabajo que van a tener que soportar, ya que, a sus tareas diarias se van a sumar todas las obras, acuerdos y, en general, asuntos pendientes de resolver que han acumulado las Comunidades de Propietarios durante el estado de alarma.

A este respecto hay que señalar que las empresas que prestan sus servicios a las comunidades de propietarios (incluidas los servicios de administración de fincas) no disponen de los recursos suficientes para atender el equivalente al doble del trabajo que habitualmente desarrollan.

Tampoco las Administraciones Públicas, en sus diferentes niveles territoriales, pueden duplicar su carga de trabajo y tramitar cada uno de los expedientes garantizando el cumplimiento de los plazos, agravándose esta situación ante la llegada de la época estival, ya próxima, al limitarse más aún la disponibilidad de recursos humanos como consecuencia del disfrute del periodo de vacaciones.

Por último, “no podemos olvidar las consecuencias económicas que va a provocar esta pandemia y que van a ser especialmente adversas para la sociedad española, lo que va a determinar que la capacidad de aportaciones económicas por parte del conjunto de la población se vea mermada, lo que va implicar un importante incremento de la morosidad como consecuencia de la situación económica de las personas titulares de las viviendas y esto, sin duda, va a afectar de forma significativa al normal funcionamiento de los edificios”.

En definitiva, para poder afrontar esta situación con las mayores garantías se hace necesario adoptar medidas que contribuyan a mejorar las condiciones de la desescalada para el conjunto de la población.

De ahí que el Grupo Parlamentario Popular ha ya presentado esta mañana la siguiente moción:

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Senado insta al Gobierno a ampliar hasta el 31 de marzo de 2021, los plazos que afectan a todas las obligaciones de las comunidades de propietarios, afectando, en primer lugar, a las obligaciones derivadas de todas las inspecciones técnicas que realizan las comunidades de propietarios (Inspección Técnica de Edificio, Informe de Evaluación, Inspecciones de instalaciones de ascensores, electricidad, salas de calderas…) como forma de garantizar que, tanto los técnicos como las empresas de servicios, puedan realizar su trabajo con margen suficiente. Asimismo, como consecuencia directa de todo lo anterior, se insta a ampliar todos los plazos derivados de la tramitación de subvenciones.

También pide prorrogar durante un año los plazos que las comunidades de propietarios disponen para celebrar juntas generales anuales, así como la confirmación de las personas que desempeñan los cargos en las comunidades de propietarios para que sigan ocupando los mismos en tanto la propia comunidad no adopte otro acuerdo.

Solicita regular la posibilidad de celebrar telemáticamente las Juntas Generales de las comunidades de propietarios aprovechando las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías al objeto de garantizar que las comunidades de propietarios sigan perfectamente representadas en todo momento, en especial por su presidente.

También preservar todos los aspectos sanitarios en los edificios, desarrollando protocolos de actuación para seguir conservando las condiciones higiénicas necesarias y evitar cualquier tipo de contagio que pueda hacer repuntar la pandemia y de manera más concreta, establecer para el próximo verano, las normas y criterios generales aplicables en todo España para gestionar de forma eficiente del servicio de piscinas

comunitarias.

Y aplicar, con carácter general, un IVA reducido del 10% a todas las obras, suministros y servicios cuyos destinatarios sean las comunidades de propietarios y especialmente a las obras de rehabilitación que sirvan para conservar y mejorar las condiciones de habitabilidad de los edificios, su accesibilidad o la mejora de su

eficiencia energética.

Por últmo, que las subvenciones del dividendo digital y las destinadas a obras de rehabilitación, supresión de barreras arquitectónicas y otras similares, no tributen en el IRPF al objeto de aliviar la carga fiscal de gran número de ciudadanos, estableciendo, en todo caso, tal como ya se hizo en el año 2010, deducciones en el IRPF por las contribuciones a la ejecución de estas obras.  

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