Agricultura, Ganadería y Pesca
Publicadas las ayudas a industrias agroalimentarias, que suben hasta los 65 millones
Una ganadería con vacas lecheras en León
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este miércoles, 29 de abril, la modificación de las bases reguladoras de las ayudas a las industrias agroalimentarias que amplían el presupuesto hasta los 65 millones de euros para mantener el empleo y promover las nuevas inversiones con prioridad a los proyectos que incluyan a trabajadores afectados por la situación generada por el coronavirus.
Como ya explicó el pasado sábado el consejero de Agricultura, Jesús Julio Carnero, tras la publicación de las nuevas bases reguladoras en los próximos días se publicará en el Bocyl la modificación de la orden de convocatoria de estas ayudas a las industrias agroalimentarias que contaban con 35 millones de euros, partida que se amplia ahora en otros 30 millones.
"La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural apoya así las inversiones en la industria agroalimentaria de Castilla y León destinadas al mantenimiento y la protección del empleo", han insistido desde el departamento que dirige Carnero.
De este modo, la subvención podrá alcanzar 640.000 euros para los proyectos de inversión valorados entre 1.000.000 y 2.000.000 de euros mientas que para los proyectos de más de 2.000.000 de euros la ayuda máxima será de 1.100.000 euros, que podrán alcanzar un máximo de 3.000.000 de euros en los casos de reincorporación de trabajadores afectados por ERTE por fuerza mayor, causados por la situación derivada del Covid-19.
Esta modificación también permite aumentar la cuantía de las ayudas destinadas a apoyar inversiones en el sector forestal. En este caso, la modificación de la orden de convocatoria que se publicará en los próximos días en el Bocyl recoge la ampliación de estos fondos de un millón a cuatro millones de euros.
Estas subvenciones también contemplarán entre sus criterios de priorización la protección del empleo afectado por la crisis provocada por el Covid-19.