Castilla y León será más exigente con las residencias

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, anunció ayer que su departamento impulsará una ley de atención residencial que, entre otras cuestiones, incluirá una mayor exigencia de formación y preparación del personal directivo de las residencias de mayores, a la vez que ha dejado «en suspenso» el decreto que regula el modelo residencial «En mi casa», actualmente en el Consejo Consultivo.

Blanco compareció ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León para analizar la evolución de la pandemia del coronavirus y, al respecto, reconoció que «por su puesto» que hay que «repensar» el modelo a raíz de lo ocurrido en las residencias durante la crisis sanitaria, ya que han fallecido 1.228 residentes con la enfermedad confirmada y otros 1.070 con síntomas compatibles, lo que suma 2.298.

En este sentido, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para trazar los principios de la que ha denominado como «ley de atención residencial» que, además de las mayores exigencias a la formación de los directores de residencia, implicará un acopio mínimo de equipos de protección en función del tamaño de la residencia y el perfil de sus usuarios.

Blanco ha hecho un llamamiento para que esta futura ley sea un «proyecto de todos», pero ha anticipado una serie de reflexiones que en su opinión se deben realizar para acometer estos cambios, como la posibilidad de que la asistencia sanitaria sea responsabilidad de las residencias privadas, mientras que la de las públicas sí podría ser prestada por los recursos de la sanidad pública.

Todos los portavoces parlamentarios han coincidido en la idea de que es necesario reformular el modelo asistencial de las residencias, aunque cada uno ha introducido matices sobre la respuesta que debe dar el sector público y privado. La consejera pidió que estos debates sean abordados «tranquilamente y con expertos», además escuchando «al sector».