A juicio ocho miembros de una célula yihadista que operaba desde la cárcel
La Audiencia Nacional ha confirmado la apertura de juicio oral contra ocho supuestos integrantes de una célula yihadista que operaba desde la prisión de Madrid III-Valdemoro (Madrid) captando nuevos miembros a los que convencer para que atentaran en España cuando saliesen en libertad. También se sentará en el banquillo el funcionario de Prisiones al que habrían sobornado a cambio de tener teléfonos y otras ventajas dentro de la cárcel. En el auto de conclusión del sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, procesa al presunto líder de la célula, un interno del citado centro penitenciario, y seis de sus acólitos, unos actuando también dentro de la prisión y otros fuera, los primeros para captar adeptos y los segundos para ejercer de enlaces a la hora de pagar los sobornos y tratar de adquirir armas para la comisión de atentados.
De la prueba practicada, el magistrado concluye que Suleyman E.M., nacido en Marruecos hace 52 años, era el jefe del grupo --tal y como él mismo firmaba su correspondencia-- y alentaba a sus cómplices a radicalizar a otros presos para que, «a cambio de una importante suma de dinero para su familia», cometieran «actos terroristas en nombre de los ‘hermanos’ y de la Yihad».
Se trataba de que llevasen a cabo tales acciones cuando saliesen en libertad, para lo cual la célula les comunicaba que «contactarían con ellos personas que están fuera de las prisiones para ayudarles a ejecutar» el atentado, aunque no les explicaban «quién y cómo se haría el contacto ni los lugares exactos que iban a ser objeto del macabro acto violento».
EL FUNCIONARIO
Pero además, los investigadores han intervenido conversaciones telefónicas entre los internos y de los presos con los contactos en el exterior, así como vídeos y fotos de contenido yihadista guardadas en esos terminales, además de anotaciones y otras pruebas que, para el magistrado, demuestran la existencia de la célula y la vinculación a ella de los sospechosos. Los reos disponían de teléfonos móviles, que usaban para llamar y acceder a internet y a servicios de mensajería cifrada, gracias a la colaboración de un funcionario, Miguel Angel S.M., al que pagaron al menos 600 euros que le entregó una colaboradora de fuera, tal y como describe el magistrado en el auto.