El Estado paga ya más nómimas en España que las empresas privadas

La crisis del coronavirus ha trastocado prácticamente todo, ya no solo la forma de vivir, sino de ganarse la vida. De la noche a la mañana millones de personas se han quedado sin empleo, al menos temporalmente: desde el pasado 12 de marzo casi un millón de trabajadores han sido despedidos y cerca de 3,4 millones más están afectados por un Erte, según los datos oficiales. De golpe y porrazo el Gobierno ha asumido ya las rentas de unos seis millones de personas más y la estimación es que se acerquen a los ocho millones, algo histórico que no se había producido jamás, pero tampoco había habido una crisis igual que llevara a paralizar prácticamente toda la economía. Hasta el punto de que el Estado se ha convertido por primera vez en el principal sustento de los españoles.

Más de 21 millones de ciudadanos reciben —o recibirán—su nómina cada mes financiada por las arcas públicas, lo que puede tener un coste económico superior a los 30.000 millones de euros al mes —según cifran algunos expertos—, mientras que, por el contrario, el número de trabajadores que cobran de empresas privadas se reduce drásticamente hasta los 15,2 millones, de los que 3,2 millones son autónomos. Es decir, el Estado paga casi seis millones de rentas más que las compañías.

Es verdad que casi la mitad de esos 21 millones de rentas públicas proceden de esos cerca de diez millones de pensionistas que hay actualmente en España.

El pasado mes de abril la Seguridad Social abonó casi 10 millones de prestaciones públicas (jubilación, viudedad, orfandad...) a 8,9 millones de beneficiarios. El gasto, como sucede cada mes, tocó máximos y superó los 9.879 millones. Pero además hay que sumar las pensiones de otros 637.000 funcionarios jubilados, que suponen otros 1.100 millones de presupuesto mensual.

Otro grupo numeroso lo componen los más de 3,2 millones de empleados públicos (policías, profesores, funcionarios de las diferentes Administraciones...), para los que el Estado destina cada mes otra cantidad superior a los 10.000 millones. Pero si el Gobierno ya pagaba las nóminas de más de 15 millones de españoles, la Covid-19 ha disparado el número de beneficiarios de ayudas públicas y la previsión es proteger en este periodo a cerca de ocho millones de ciudadanos. Así, en abril casi 5,2 millones de personas cobraron una prestación por desempleo, lo que supone tres millones más que un año atrás.

La mayor parte de este colectivo lo conforman los 3,4 millones de trabajadores que están afectados por un Erte (aunque aún faltan por reconocer unas 300.000 prestaciones), a los que se suman los casi dos millones de parados previos y esos 950.000 despidos que ha provocado la pandemia desde el pasado 12 de marzo.

La factura del paro se triplica

A la vista de estos datos, no es extraño que la factura del paro se haya casi triplicado en abril y haya superado los 4.500 millones, un gasto que además seguirá creciendo en mayo puesto que se sumarán dos nuevos colectivos: las empleadas del hogar (400.000 potenciales beneficiarias, aunque no todas se acogerán) y los trabajadores temporales, para los que el Gobierno ha aprobado también sendas ayudas extraordinarias. Por primera vez los autónomos tienen el mismo derecho a paro que los asalariados, con la nueva prestación por cese de actividad creada por el Ejecutivo. Ya se han acogido a ella más de 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia y la previsión es que se llegue a los 1,4 millones, para lo que el Ministerio de Seguridad Social destinará más de 1.000 millones mensuales. Pero previsiblemente en junio este departamento asumirá además el gasto que supondrá la nueva renta mínima que prepara el Gobierno, que pretende proteger a un millón de personas. La factura, es inferior a las otras, puesto que el ministro José Luis Escrivá calcula que supondrá unos 3.000 millones al año. En la actualidad las comunidades autónomas ya abonan 400.000 ingresos mínimos.