Los procuradores creen que se va a acumular medio año de retraso
El Ilustre Colegio de Procuradores de León mostró su más absoluto rechazo a las medidas de agilización adoptadas por el Ministerio de Justicia, «puesto que las mismas no han sido consensuadas por los profesionales que a diario prestan su servicio a los ciudadanos en los tribunales de Justicia, procuradores, abogados y graduados sociales».
La situación de colapso «se habría visto muy aliviada si se hubiera dotado, a tiempo, de los medios humanos y materiales necesarios para que el teletrabajo se hubiera podido desarrollar», dice el colectivo que encabeza la decana, María Encina Martínez.
Es «difícil de entender y aún más difícil de explicar al justiciable» la paralización del sistema, «en una administración que presume de su nivel de informatización, del «papel cero», y que tiene a su 10.000 procuradores, profesionales con sus despachos perfectamente adaptados a las nuevas tecnologías que no están de vacaciones».
La principal consecuencia para el justiciable «es que sus expectativas judiciales, el poder materializar (entre otras, cobrar) lo establecido en sentencia se van a dilatar como mínimo medio año y esto el Ministerio de Justicia lo contempla como agilización de la misma».
No está de acuerdo el Colegio de Procuradores con habilitar 21 días de agosto: «Cualquier ciudadano que haya tenido relación con la justicia sabe que es imposible que en medio mes se vaya agilizar un retraso de años, agravado por estos dos meses. Eficaz hubiera sido concentrar en agosto las vacaciones de jueces, letrados y funcionarios y evitar la ralentización desde junio hasta septiembre».