El PP pide al Gobierno que no use los ahorros locales
Montero estudia flexibilizar el gasto del superávit municipal
El grupo popular en la Diputación de León ha presentado una moción para su debate y aprobación por el pleno en la que insta al Gobierno de España a no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma para apropiarse de los ahorros de las entidades locales.
Consideran que esto vulnera preceptos constitucionales y leyes en vigor, así como a respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto, ha informado este jueves el PP en un comunicado.
Los populares proponen flexibilizar las reglas para que las entidades locales puedan utilizar sus superávit para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las Comunidades Autónomas y el Estado.
«Entendemos que si se plantea modificar alguna de las leyes que afectan a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales, dichas modificaciones han de validarse en el Congreso de los Diputados, ante los legítimos representantes de todos los españoles dado que la declaración del estado de alarma no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes del Estado», aseguran en un comunicado. Ve necesario recordar todas las leyes que protegen la autonomía de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de financiación de las mismas.
«El Gobierno de España con un absoluto desprecio hacía nuestra Constitución y las leyes que regulan la organización, competencias y la Hacienda de las entidades locales ha negado injustificadamente el pago del IVA correspondiente al mes de diciembre de 2017», afirman. Desde el PP de la Diputación destacan que «las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada de Comunidades Autónomas y del Estado.