La Junta aprueba 17 millones para ayudar al transporte deficitario
La comisión de Asuntos Económicos celebrada ayer dio cuenta al Consejo de Gobierno de la Junta del acuerdo que establece un límite de gasto de algo más de 17 millones de euros, en el que se incluye un fondo adicional de 4.185.027 euros para compensar la excepcional pérdida de ingresos sufrida en la explotación de los servicios deficitarios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera durante el período de declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria, dado las especiales restricciones a la movilidad que dicha situación ha conllevado para los operadores del transporte.
La Junta, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros. Se trata de un esfuerzo económico «imprescindible para el mantenimiento del tejido empresarial del sector», que se encuentra «muy atomizado», pero «a la vez muy pegado al territorio y muy arraigado en el entramado social y empresarial de ciudades y pueblos», tal como subraya el Ejecutivo autonómico.
Las subvenciones se conceden a 235 concesiones de transporte público de viajeros, que afectan a 134 empresas, que emplean a más de 3.500 trabajadores directos.
En su inmensa mayoría son servicios deficitarios que atienden multitud de tráficos rurales que conectan localidades de escasa población con las principales localidades de la Comunidad, o bien transportes metropolitanos o periurbanos.En el período de marzo, abril y mayo, la limitación de la movilidad y la declaración del estado de alarma han producido en Castilla y León una caída de la demanda de viajeros en el transporte público superior al 90 por ciento, a lo que hay que añadir el coste adicional producido por las necesarias limitaciones en la ocupación de los vehículos y las medidas de distanciamiento social impuestas por la autoridad sanitaria.Todas estas medidas adoptadas por la Administración sobre reducción de servicios, junto con las restricciones a la circulación de personas impuesta por la declaración del estado de alarma, tienen como consecuencia directa una minoración sustancial de los usuarios y una reducción drástica de los ingresos de las concesiones de transporte en un 95 por ciento, quedando «afectado sustancialmente su equilibrio económico financiero».
Para asegurar la adecuada sostenibilidad de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, se estima que el déficit de explotación ordinario de los servicios de transporte previsto para el ejercicio de 2020 ascienda a 12.900.000 euros.