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León

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El 11-S trajo la primacía de la vigilancia sobre la privacidad en la relación de muchos Gobiernos con sus ciudadanos y, dos décadas después, el Covid-19 ofrece una nueva oportunidad de controlar a millones de personas y recortar libertades en nombre del bien común.

«A largo plazo me preocupa la normalización de la vigilancia masiva en nombre de la salud pública», dice Alex Gladstein, de la Human Rights Foundation (HRF), sobre lo que «puede convertirse en un pretexto para perseguir a disidentes», según Amy Slipowitz, de Freedom House.

Estas medidas potencialmente represivas son una realidad en países conocidos por sus nulos miramientos con las libertades como China. Allí, el Estado recibe información sobre el historial de movimientos de su población gracias a una aplicación de móvil activada para evitar la transmisión del virus entre territorios.

Otras tecnologías, como las desarrolladas con bluetooth para establecer quién ha estado cerca de personas contagiadas, recaban información de una precisión inédita sobre el paradero de los ciudadanos y con quienes se reúnen.

Gladstein ve en ello un riesgo para las libertades de reunión y asociación y alerta de que estas tecnologías dificultarán la aparición de movimientos democráticos.

La pandemia ha revelado, además, que «la gente está mucho más dispuesta a renunciar a sus libertades por la salud que para luchar contra el terrorismo».

«Se ha puesto en un pedestal a las empresas de tecnología y todo el mundo parece estar entusiasmado por estos planes», dice sobre los proyectos de Apple y Google para desarrollar tecnologías bluetooth de rastreo.

Otro ejemplo obvio es China, explica Slipowitz, que ilustra el papel crucial de las empresas en la expansión de la vigilancia de Estado con el caso de la plataforma de pagos electrónicos Alipay, que tiene más de 900 millones de usuarios en China y se ha puesto al servicio del programa de control de movimientos del Gobierno. Las tecnologías de vigilancia utilizadas por países como Noruega y Australia también abonan el terreno para los abusos en democracia. Pero, al contrario de quienes viven bajo dictaduras, la ciudadanía en las democracias tiene mecanismos para combatir los atropellos: «Si un ciudadano chino alza la voz contra lo que hace su Gobierno acabará desapareciendo en un campo de detención».

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