El acelerado camino hacia el ingreso mínimo vital

Es el mayor salto adelante del sistema de protección social español desde que en 2006 se puso en marcha el cuarto pilar del estado del bienestar: la dependencia. El Ingreso Mínimo Vital (IMV), aprobado en el Consejo de Ministros del viernes, ve la luz de forma acelerada por la crisis desatada por la Covid-19. La prestación, que llegará a 850.000 hogares y 2,3 millones de personas con un presupuesto de 3.000 millones de euros, nace para paliar sus consecuencias sociales, pero también las de la Gran Recesión y la elevada pobreza crónica del país. El camino hasta su aprobación ha sido rápido y accidentado. Tenían que encajar muchas piezas en el puzzle. Y lo han hecho.

El acuerdo de coalición del PSOE y Unidas Podemos recogía el compromiso de desarrollar la prestación en esta legislatura. Pero desde finales de marzo se aceleró. La premura se percibió a partir del 9 de abril. Ése fue el día en que la vicepresidencia de Pablo Iglesias informaba de que en una reunión en la que también participaron la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y el de Inclusión, José Luis Escrivá, habían logrado el apoyo de sindicatos y ONG para poner en marcha un Ingreso Mínimo Puente. Breve vida del ingreso puente El Gobierno mantenía su promesa de construir una prestación permanente, pero ante las dificultades de su diseño -como su encaje con los sistemas autonómicos de garantías de ingresos- y la necesidad urgente de ayudas para los colectivos más vulnerables en esta crisis parecían aconsejar el diseño de una renta temporal.

El comunicado que informó de tal idea fue la causa de un choque del Gobierno con la CEOE: no sólo se sintió excluida de las negociaciones, sino que desconocía que estuvieran en marcha, al contrario de lo afirmado por Iglesias. El ingreso puente decayó. Lo descartó Escrivá. Después, tras el Consejo de Ministros del 14 de abril, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó que el IMV sería permanente, tardaría "meses" en estar listo y que el responsable de su diseño era Escrivá. Esas declaraciones sentaron mal en el equipo de Iglesias.

Pero acto seguido, el vicepresidente se reunió con Pedro Sánchez, encuentro del que salió el plan de aprobar la medida en mayo y una cita para hacerla pública ese jueves, 16 de abril, en una rueda de prensa de Iglesias y Escrivá que no se celebró. El ministro de Inclusión declaró haberse enterado de todo por la prensa. Además, afirmó que aún quedaban flecos que impedían la presentación de la medida. La reunión decisiva Con todo, el acuerdo de Iglesias y Sánchez fue clave para adelantar el plan y evitó que Calviño y Montero pusieran más palos en las ruedas, interpretan desde Derechos Sociales. Aunque el equipo técnico que ha diseñado el IMV ha tenido que acatar el margen presupuestario que se puso a su disposición: 3.000 millones. Fuentes de Iglesias achacan la "espantada" de Escrivá a un pequeño ataque de celos porque estuviera excluido del acuerdo entre los dos líderes de la coalición. Más allá de eso, desde la vicepresidencia de Iglesias valoran que el titular de Inclusión ha sido un "gran aliado" para lograr que el IMV sea ya una realidad.

Desde Inclusión califican esos primeros episodios de "momentos de confusión" que se resolvieron cuando en Derechos Sociales se dieron cuenta de que iba a llevar el mismo tiempo diseñar un ingreso puente que el definitivo. Las tiranteces se superaron rápido. Disculpan a Montero porque los "meses" que transmitió que se iba a tardar en elaborar el IMV respondían al temor a generar falsas expectativas, a la vista de la dilación en la aplicación de las nuevas ayudas, como la de las empleadas de hogar. Pero desde ahí la colaboración con la vicepresidencia, especialmente con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvarez, se califica en Inclusión de "fabulosa". Pero, realmente, que haya sido posible tener el IMV antes de acabar mayo se debe al inmenso trabajo de los técnicos que han cruzado datos de la Seguridad Social con los de Hacienda para tener calibrada la ayuda al milímetro. Negociar con las autonomías Y también ha contribuido a la rapidez del parto que las negociaciones con las comunidades hayan ido mejor de lo previsto. "Esperábamos algo más de resistencia", comentan en Inclusión. Quizás una clave está en que el esfuerzo presupuestario irá a cargo de la Seguridad Social. Aunque ello puede implicar que las autonomías destinen a otros menesteres parte de los 1.500 millones al año que invierten en sus sistemas de rentas mínimas con 300.000 beneficiarios, porque la necesidad ya estaría cubierta por el Estado. Es un extremo que algunas regiones, como Andalucía o Valencia, desmienten. Y que los expertos desaconsejan, ya que creen necesarios complementos al IMV estatal. Así se plantea en Extremadura, por ejemplo: la renta autonómica allí se entiende ya como subsidiaria a la estatal. Las negociaciones con las autonomías se desarrollaron en dos foros: las conferencias sectoriales, organizadas por la vicepresidencia de Iglesias, y las bilaterales, de las que el departamento de Escrivá era responsable.

Algunas comunidades no creen que el camino haya sido plácido. Desde Valencia se quejan de que las reuniones fueran casi sólo informativas, sin opción a hacer propuestas, como la que trasladan desde allí: que la gestión del IMV sea como la de la dependencia, es decir, que el Estado transfiera los fondos y las autonomías los gestionen según unos mínimos marcados por el Gobierno. Un acuerdo así se ha alcanzado con País Vasco y Navarra, que gestionarán directamente la prestación. Desde Euskadi se exigió que el IMV fuera complementario y compatible con los sistemas autonómicos y que hubiera ventanilla única en la gestión de ambos -petición también valenciana, pero que por el momento parece que no se cumplirá para todas las comunidades-. Andalucía manifiesta también quejas parecidas: "Está existiendo una importante falta de transparencia y seguridad jurídica por parte del Gobierno central en la puesta en marcha de esta prestación, tal y como hemos reclamado en las reuniones mantenidas con el Ejecutivo, del que sólo tenemos borradores en powerpoint". Además, desde misma autonomía manifiestan que el plan del Gobierno es "precipitado" y que requiere de modificaciones legales que llevarán tiempo.

 La nueva prestación acerca el Estado de Bienestar español a los europeos

Aunque los programas de garantía de ingresos en Europa son muy heterogéneos, ninguno es tan descentralizado como lo era el español La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en un informe publicado a mediados de 2019, es decir, aún durante el mandato de José Luis Escrivá, publicó un estudio sobre los sistemas de rentas mínimas vigentes en las comunidades autónomas españolas y en la Unión Europea. Una de las conclusiones que extraía el documento era que los del Este y España eran los países en los que este tipo de sistemas de protección social proporcionaban las cuantías más insuficientes para reducir la pobreza. Pero, al tiempo, el estudio también establecía que la principal característica de los sistemas de rentas mínimas es su gran heterogeneidad. No hay un solo modelo europeo. El Gobierno español se ha podido inspirar en muchas recetas de un gran menú. Para empezar la propia génesis de los sistemas de garantías de rentas ha sido muy diferente en los países europeos. Así, en algunos países, como en los nórdicos, los centroeuropeos o el Reino Unido estos programas nacieron con el desarrollo de sus propios estados de bienestar. En otros lugares, los programas surgieron para paliar un deterioro social sobrevenido por el aumento del desempleo y de la demanda de seguridad en la crisis de los setenta, como en Bélgica o Irlanda. El nacimiento del sistema de francés, a finales de los años ochenta, con el doble derecho a una renta y a la inserción, inspiró los programas del sur de Europa, aunque en varios de estos países -por ejemplo, en España- ese modelo se desarrolló en niveles de gobierno 'subcentral'. Uno de los modelos pioneros en el país es el vasco, que se gestó a finales de los ochenta. Pero el caso español, con el programa completamente descentralizado y sin coordinación ni financiación desde el Gobierno central, era excepcional en el panorama europeo. En la mayor parte de países descentralizados existen sistemas de coordinación y de cofinanciación en el que están presentes tanto el Gobierno central como los territoriales correspondientes. En esta nueva órbita entra ahora, por tanto, España. Y no sólo por esta razón. En muchos otros aspectos el IMV es homologable a los europeos.

En cuanto a la condicionalidad para acceder a estas prestaciones, de acuerdo con el informe de AIReF, "en la práctica totalidad de los países europeos los sistemas son relativamente universales una vez que se demuestra la condición de disponer de un nivel de ingresos inferior al fijado en los respectivos baremos". Todos los países posibilitan el acceso a la prestación a los mayores de 18 años, aunque algunos exigen la condición de emancipación y en otros la obligación de atender a cargas familiares. Y si bien la nacionalidad no es un requisito excluyente, hay algunos países más estrictos en cuanto al tiempo de residencia legal necesario: en Austria y Portugal ese tiempo es inferior a un año, pero en otros países puede el periodo exigido puede llegar a los diez años. También hay otra cuestión en común en todos los sistemas de rentas mínimas de Europa: exigen la disponibilidad explícita para la búsqueda de empleo, con excepciones tales como atender actividades formativas, ser los únicos cuidadores de familiares o tener problemas de salud. También se exige la búsqueda activa de un trabajo y que las personas beneficiarias estén registradas en las oficinas públicas de empleo, aunque con criterios menos restrictivos que en el caso de las prestaciones de paro. Aunque existen diferencias por países en el grado de exigencia y en cómo el grado de participación en medidas activas de empleo supone o no perder el derecho a la prestación. En todo caso, los requisitos suelen ser compatibles con la consideración de que estas prestaciones se cobran durante periodos largos, mientras se mantenga la situación de insuficiencia de ingresos, lo que se somete a revisiones periódicas, anuales o trimestrales. Además, los sistemas de rentas mínimas en Europa utiliza un mecanismo subliminal para incentivar el empleo: su baja cuantía, sobre todo en comparación con los respectivos salarios mínimos de cada país. "La distancia entre el salario mínimo y la cuantía de la renta mínima es amplia en todos los países. Parece pesar más el objetivo de preservar los incentivos laborales ampliando la brecha entre la cuantía y la remuneración más baja que el de ofrecer una protección suficiente", afirma el documento de la AIReF. Si bien en Luxemburgo, la renta mínima supone el 70% del salario mínimo, en el Reino Unido la cuantía de la prestación es apenas una cuarta parte del salario mínimo. En más de la mitad de los países de la UE, la protección a las familias con menores de edad es más completa que la que reciben los hogares unipersonales.