La pandemia dispara el número de leoneses que cobra del Estado

El número de leoneses que cobra de la Administración no ha dejado de crecer desde que el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Nunca hubo tantos. En estos momentos, la mitad de los censados en la provincia depende de las arcas públicas.

Entre pensionistas, la cifra más significativa, trabajadores en Erte, desempleados con derecho a subsidio, personas que perciben la renta de inserción vital y funcionarios de las diferentes entidades, hay ya 222.602 leoneses que ingresan su salario o prestación de la caja común, el 48,39% de los 460.001 habitantes que residen en la provincia. Es la tasa más alta de la serie histórica y el principal problema al que se enfrenta el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que deberá contener el déficit, disparado por la pandemia, para acceder al fondo de reconstrucción que ya ha deslizado Europa.

Esta subida viene motivada, principalmente, por los miles de empleados afectados por un Erte, herramienta coyuntural, en las condiciones actuales, que ha permitido amortiguar el impacto sobre el empleo, pero también ha disparado el gasto público. De momento los han ampliado hasta el 30 de junio, aunque patronal y sindicatos creen que hará falta mantenerlos hasta final de año, especialmente en determinadas actividades.

Sólo en León hay 22.835 afectados de 6.327 empresas, la mayoría del sector servicios, sobre todo hostelería y comercio, que estuvieron cerrados más de dos meses y aún siguen con muchas restricciones.

El Servicio Público de Empleo (Sepe), desbordado estas últimas semanas, asume los salarios, aunque sólo cubre el 70% de la base reguladora. También bonifican desde el Gobierno las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores en Erte, al menos hasta que se esfume ‘la fuerza mayor’ que motivó estos expedientes laborales. No obstante, unos 15.000 leoneses han tenido algún problema para cobrarlos.

A esta cifra hay que añadir los 11.500 autónomos a los que se les concedió la prestación por el cese de actividad, que apenas llega a los 700 euros. El viernes se hizo efectivo el tercer y último pago, según anunció el Gobierno, al que le han pedido que mantenga la ayuda durante el mismo tiempo que los Ertes, es decir, hasta el 30 de junio.

Sin ellos, los datos del paro registrado en abril serían catastróficos. Aún así, la crisis provocada por el Covid-19 sumó otros 2.166 desempleados el último mes y ya hay 33.238 personas sin trabajo en la provincia. Algo más de la mitad (17.574) tienen derecho a las prestaciones públicas, que generaron una factura en León de 15,3 millones de euros en abril. La cuantía media ronda los 830 euros mensuales, por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Un comportamiento inverso ha tenido la curva que dibujan las pensiones desde que se decretó la emergencia sanitaria. En los últimos años, apenas había variado, pero entre marzo y abril cayó de forma abrupta. A 1 de mayo, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, había en León 140.893 personas adscritas a ese régimen, 1.180 menos que dos meses antes. El Gobierno achacó el descenso a las defunciones causadas por el coronavirus.

Del mismo modo, sale del erario público el salario de los 29.800 funcionarios que trabajan para las diferentes administraciones en León. La mayoría bajo la tutela de la Junta (15.812), mientras que el resto se lo reparten Estado y ayuntamientos casi a partes iguales.

En total, más de 222.000 leoneses cobraron del estado en mayo, prácticamente la mitad de toda la provincia, que no ha dejado de perder habitantes durante la última década. Frente a esto, únicamente 171.000 personas, cincuenta mil menos, recibieron su sueldo de la empresa privada.