Castilla y León pide gestionar, por su experiencia y capacidad, el ingreso mínimo vital

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, poder gestionar el ingreso mínimo vital dada la experiencia y capacidad demostrada por la Comunidad en ese tipo de rentas desde los años 90.

En rueda de prensa presencial tras la videoconferencia de este domingo con Sánchez y el resto de presidentes autonómicos, Mañueco se ha referido a la gestión de el ingreso mínimo de inserción en los 90 y más reciente con la renta garantizada de ciudadanía, que tiene más de 15.000 perceptores en la Comunidad.

Y ha defendido además que el tanto el sistema de atención a la dependencia como los servicios sociales tengan la mejor nota en el conjunto nacional.

Mañueco ha reclamado poder gestionar ese ingreso mínimo igual que se va a permitir a otras comunidades como Navarra y el País Vasco.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha explicado que han sido varias las comunidades que han pedido a Sánchez gestionar ese ingreso mínimo vital aunque no han tenido ninguna respuesta.

"Tenemos el mismo derecho que otras comunidades autónomas y así se lo he pedido al presidente del Gobierno de España; y somos la única comunidad autónoma con sobresaliente en la gestión de la dependencia", con la puntuación más alta de los gerentes y directores de Servicios Sociales lo que es "especialmente relevante e importante", ha argumentado Mañueco.

"Consideramos que es imprescindible que para que sean realmente efectivas esas políticas y lleguen a las personas con mayor detalle con mayor conocimiento es imprescindible la gestión por parte de las comunidades autónomas", ha insistido.

El titular del Ejecutivo castellanoleonés ha explicado que el presidente del Gobierno le ha puesto el ejemplo de dos autonomías por su capacidad y trayectoria, y entonces él le ha recordado la experiencia dilatada de Castilla y León que tiene la renta garantizada de ciudadanía como un derecho subjetivo garantizado por ley desde hace más de una década.

"Entiendo que por experiencia por capacidad por trayectoria y sobre todo por el reconocimiento que se ha hecho de nuestra Comunidad Autónoma en el trabajo con las personas más vulnerables en la colaboración con ayuntamientos y diputaciones provinciales y sobre todo por la cercanía en la prestación de estos servicios sociales entendemos que Castilla y León se lo merece al menos tanto como cualquier otra comunidad autónoma", ha concluido.