Londres y Madrid logran un pacto fiscal sobre Gibraltar
El objetivo es reducir el fraude y la evasión fiscal en la Roca
El pacto fiscal alcanzado entre España y el Reino Unido para reducir el fraude y la evasión fiscal en Gibraltar tras el Brexit ha superado su primer trámite parlamentario al rechazar el Congreso una enmienda a la totalidad defendida por Vox.
La iniciativa de Vox, que ha contado con el apoyo del Partido Popular, ha sido rechazada por 201 votos contra 138 y 7 abstenciones.
Así pues, el Acuerdo Internacional entre el España y el Reino Unido en materia de fiscalidad, protección de los intereses financieros y lucha contra el fraude y la evasión de impuestos en relación a Gibraltar, que tiene rango de tratado internacional, pasará ahora a comisión y deberá ser aprobado también por el Senado, por lo que según cálculos de Exteriores su ratificación podría retrasarse hasta el próximo mes de octubre.
El tratado fue firmado el pasado 4 de marzo de 2019 por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y por el ministro de la Presidencia británico, David Lidington, y es el primer acuerdo internacional que suscriben España y el Reino Unido sobre Gibraltar desde que, en 1713, se firmó el tratado de Utrech.
El Acuerdo, que consta de 9 artículos, tiene como principales objetivos eliminar el fraude fiscal y los efectos perjudiciales derivados de las características del régimen fiscal gibraltareño; establecer unas reglas claras para resolver con mayor facilidad los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, y evitar la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.
CERCO A LAS FALSAS RESIDENCIAS
El acuerdo establece un régimen reforzado de cooperación administrativa entre las «autoridades competentes» que designen las respectivas administraciones tributarias y un intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial importancia para la lucha contra el fraude en la zona.
Además, detalla una serie de normas para resolver los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, con el objetivo de resolver los problemas de falsas residencias en Gibraltar de personas físicas que residen realmente en España.
En cuanto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas, se establece su residencia fiscal en España cuando tengan una «relación significativa» con el país, bien por la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en España, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o su directivos sean residentes fiscales en España.
Según explicó Exteriores en el momento de su firma, con la aplicación de este tratado se logrará la «reducción y eliminación del fraude fiscal y los efectos perjudiciales para la hacienda española derivados de las características del régimen fiscal de Gibraltar», el establecimiento de unas reglas claras para resolver más fácilmente los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y la utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España.