Castilla y León derivó a 800 residentes a hospitales del 20 de marzo al 16 abril
En ese periodo estaba vigente la orden que aconsejaba primar la asistencia domiciliaria
La Junta de Castilla y León derivó a casi 800 personas mayores, usuarias de residencias de la Comunidad, a hospitales entre el 20 de marzo y el 16 de abril, momento en el que estaba vigente el documento que aconsejaba a los médicos primar la «hospitalización domiciliaria» en los propios centros residenciales.
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, detalló estos datos a Efe después de que la Junta haya enviado a la Fiscalía de la Comunidad toda la documentación relativa a la orden sobre la atención sanitaria de los usuarios de residencias que está investigando el Ministerio Público.
Casado insisitió en la defensa de las normas y recomendaciones dictadas en Castilla y León para «promover la calidad de la atención y la supervivencia de las personas mayores».
Ha preferido no pronunciarse sobre lo ocurrido en la Comunidad de Madrid entre representantes del PP y Cs por discrepancias en torno a las órdenes de derivación de residencias a hospitales, porque dice que no sabe si son «exactamente iguales».
En el caso de Castilla y León, la consejera defiende que no ha existido ninguna discrepancia interna en el seno del Gobierno autonómico en esta materia.
En su opinión, este número de mayores hospitalizados muestra que «nunca se prohibió la derivación», sino que los especialistas de su Consejería, apoyados por el Comité de Bioética, determinaron que fueran atendidos «donde fuera más oportuno», lo que no impidió que «3.595 personas» usuarias de residencias fueran derivadas a hospitales desde el inicio de la pandemia hasta el 22 de mayo, según el dato aportado por la consejera. No todas estas personas fueron ingresadas, reconoce Casado, quien no obstante insiste en que también las Unidades de Cuidados Intensivos acogieron a personas de mayor edad, aunque como en el caso de personas más jóvenes pero con otras complicaciones de salud, eran los médicos intensivistas los que determinaban con criterios clínicos quiénes podían superar el ingreso en esas unidades críticas. «Ningún médico iba a aceptar», plantea Casado ante la posibilidad de que se hubiera limitado algún traslado en el que las personas mayores de residencias necesitaran esta evacuación.