El Gobierno «no va a interferir»
Felipe VI mantiene el silencio sobre la situación procesal de don Juan Carlos
Pedro Sánchez en una rueda de prensa. MARISCAL
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que «la justicia es igual para todos» después de conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga el papel del rey emérito en la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca.
En una entrevista en la Sexta, Montero señaló que se debe «investigar a todas las personas» a las que los tribunales «consideren conveniente» y dejó claro que el Ejecutivo «no va a interferir y colaborará con todo aquello que sea necesario». La decisión de la Fiscalía fue muy celebrado por Unidas Podemos, que exigió al PSOE que siga los mismos pasos e investigue a la Corona en el Congreso. «Es gravísimo para la democracia que existan sospechas tan serias de corrupción sobre la Casa Real», aseveró el portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique.
La formación de Pablo Iglesias junto a Esquerra o Compromís, han presentado varias iniciativas para solicitar la apertura de una comisión en la Cámara baja que investigue sobre la fortuna d don Juan Carlos, pero las propuestas no han salido adelante por el voto en contra del PSOE, PP y Vox. «La Fiscalía da la razón a quienes defendíamos que el rey emérito debía ser investigado porque había perdido la inviolabilidad», escribió en Twitter el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens. ERC ya ha iniciado las conversaciones con varias fuerzas parlamentarias para reactivar esa investigación. «La corrupción dentro de la Monarquía española viene de lejos y hace muchos años que se debería haber investigado», insistió su secretaria general, Marta Villalta.
Ni PP ni PSOE comentaron el paso dado por la Fiscalía del Supremo. Sí lo hizo Ciudadanos, cuyo portavoz adjunto, Edmundo Bal, se mostró partidario de «la transparencia y la claridad» mientras que Vox acusó al Gobierno de meter sus «sucias manos» en todas las instituciones.
En el Palacio de la Zarzuela se están viviendo días doblemente convulsos. No solo por el estado de alarma decretado a consecuencia de la crisis del coronavirus. También por la decisión de la Fiscalía del Supremo de asumir la investigación de las comisiones del AVE a La Meca donde se encuentra afectado don Juan Carlos y por la que el rey emérito podría acabar sentado en el banquillo de los acusados. Un duro golpe sobre el que Casa Real no se pronunció ayer, ni tampoco lo hará en un futuro, pero para el que lleva preparándose meses.