Los promotores de la Ley de la Infancia piden el pleno consenso en el Congreso

El anteproyecto de ley de Protección a la Infancia y Adolescencia ha sido aprobado por el Consejo de Ministros y comenzará su trámite en el Congreso. Se trata de la versión final de un borrador que comenzó a ser redactado en 2016 por el Gobierno de Mariano Rajoy, prosiguió su camino en el primer periodo de Sánchez y se presenta a las Cortes de la mano del Ejecutivo de coalición. La sociedad civil, a través de diversas organizaciones y activistas, ha sido la promotora del anteproyecto desde sus inicios, con el respaldo de Naciones Unidas -aunque unos y otros desconocían la redacción final y los cambios producidos en las últimas semanas-. Una vez presentados algunos aspectos del contenido, los promotores coinciden en destacar que se trata de una «ley integral» que abarca varios ámbitos donde pueden producirse las violencias contra la infancia, como el hogar, el colegio, los centros deportivos y de ocio, por ejemplo. «Se puede mejorar en ciertos aspectos puntuales, pero sobre todo importa sacarla como una ley de consenso», dice Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia.

La ley aborda, como primer aspecto, la prevención, «un punto crucial, porque los niños deben recibir las herramientas para decir que no, o para contarlo cuando ocurra», opina Margarita García, directora de Aspasi, una organización que trabaja con personas que han sufrido agresiones sexuales en la infancia. «El 45% comienza a abusar en la adolescencia, e intenta justificar sus acciones. En los institutos hay que evitar que esos niños abusados se identifiquen con el agresor, porque la quinta parte de los niños abusados se convierten en adultos abusadores».

Para hacer efectiva esa prevención en los centros educativos el proyecto estipula la creación de una nueva figura, la del coordinador de «bienestar y protección», que debe estar en todos los centros educativos, con protocolos claros ante las distintas violencias, incluyendo las digitales, como el ciberbuying. «En España tenemos tasas de acoso escolar muy alarmantes y la figura del coordinador de bienestar es muy importante para velar que se respeten los aspectos relativos a la convivencia escolar», afirma López. La ley también especifica el deber de comunicar (sin que sea una denuncia formal) a las autoridades de forma inmediata cualquier indicio de abuso a un menor, incluso cuando sea un cónyuge o un familiar cercano. Se pretende «acabar con la invisibilización», según Pablo Iglesias, vicepresidente de Asuntos Sociales, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.