La elección de jueces al Supremo abre la pugna para renovar el CGPJ y el TC
Parte del sector progresista bloqueará estos nombramientos para que el PP se siente a negociar
Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. JESÚS F. SALVADORES
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe elegir en el Pleno del próximo 28 de julio a los tres magistrados que ocuparán las plazas vacantes por jubilación que han quedado en la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Se trata del órgano de 15 miembros que juzga a los aforados y que verá, entre otros asuntos, el medio centenar de denuncias o querellas registradas en el alto tribunal contra miembros del Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria.
Tras la selección previa de 14 de los 28 candidatos acordada el pasado jueves por la Comisión Permanente del CGPJ, se abre ahora un periodo de cuatro semanas para que los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces nominen por mayoría cualificada de 13 votos a los tres elegidos para entrar en la Sala presidida por Manuel Marchena.
Aunque en un principio el procedimiento de nominación parecía que iba a llegar a buen puerto, con un grupo de favoritos entre los magistrados de la Audiencia Nacional Concepción Espejel y José Ramón Navarro, presidente de este órgano, y los del Tribunal Superior de Cataluña Jesús María Barrientos, también presidente, y Javier Hernández, la reunión de la Permanente del jueves dejó otras consecuencias colaterales. Supuso el primer capítulo de la pugna partidista que se cierne sobre la urgente renovación del actual CGPJ -lleva ya un año y medio en funciones- y, en última instancia, de un tercio de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), incluidos el presidente y su vicepresidente. Nombramientos por la cuota propuesta por el Congreso de los Diputados.
La mayoría parlamentaria de PSOE y PP les permitiría pactar en solitario la composición del nuevo Consejo y las plazas pendientes del TC tras la fallida operación de noviembre de 2018, después de conocerse el polémico mensaje interno del exsenador popular Ignacio Cosidó vanagloriándose del «control de la Sala Segunda» tras el acuerdo. Sin embargo, Pablo Casado ha enfriado en los últimos meses cualquier expectativa de encuentro bajo dos argumentos: las injerencias del Gobierno de Pedro Sánchez en la Justicia, como el nombramiento de la fiscal general Dolores Delgado o la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, o la necesidad de modificar el actual sistema de elección del CGPJ.
Los negociadores de ambos bandos, el ministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y el consejero madrileño del ramo Enrique López, ambos magistrados en excedencia, confían en que su buena sintonía personal acabe por torcer el brazo a sus jefes políticos, pero las últimas declaraciones de Casado no presagian un acuerdo inmediato.
UNA COMPLICADA PARTIDA
Este contexto político sobrevoló en la preselección del grupo de magistrados que optará a las tres plazas de la Sala Segunda del Supremo tras la jubilación de Luciano Varela, Alberto Jorge Barreiro y Francisco Monterde. Seis de los ocho integrantes de la Comisión Permanente del Consejo, entre ellos el presidente Carlos Lesmes, votaron la lista de 14 preseleccionados, y los otros dos vocales, el exdiputado socialista Alvaro Cuesta y el magistrado Rafael Mozo, votaron en blanco. Ambos renunciaron a las ponencias que tenían asignadas, ni siquiera la del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, instructor de los casos de corrupción del PP o el caso Pujol, que no pasó el corte pese a aparecer como favorito en las quinielas previas y tener el aval del sector progresista y de un distingido miembro del Gobierno.
Fuentes cercanas a la Comisión Permanente señalaron que Lesmes les dio a estos vocales la posibilidad incluso de introducir nuevos candidatos fuera de la lista, pero estos lo desecharon para consumar un objetivo mayor: buscar el bloqueo en el Pleno del 28 de julio. Para ello, el sector progresista debería sumar hasta ocho de los 21 votos en liza (con el de Lesmes), ya que las nominaciones requieren una mayoría reforzada de 13 votos tras la reforma de 2018. Pero, visto el movimiento de la Permanente del jueves, nadie se atreve a augurar qué pasará.
Además, con esta estrategia de bloqueo de los vocales progresistas se busca presionar al PP para que se siente a negociar con el Gobierno la renovación del CGPJ en estas cuatro semanas de julio.
Las mismas fuentes del Consejo señalan que si en este tiempo se anunciara un principio de acuerdo, los nombramientos al Supremo quedarían suspendidos y se dejaría en manos del nuevo órgano de gobierno de los jueces. La partida de ajedrez no ha hecho más que comenzar.