El Estado busca probar que Franco se apropió de Meirás con una venta falsa

¿Fue un expolio franquista y tiene un carácter privado o se trata de un inmueble del Estado y, por lo tanto, se considera un bien público? El juicio civil por la devolución del Pazo de Meirás, en A Coruña, comenzó este lunes tras años de litigio entre la familia del dictador y la abogacía estatal.

El Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña resolverá el dilema sobre la propiedad de la finca. La Xunta, la Diputación de A Coruña y los ayuntamientos de Sada, donde se ubica el pazo, y de A Coruña figuran como demandantes junto a la Abogacía. Las acciones se dirigen contra seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil.

Este procedimiento llega a los tribunales después de que el Pazo de Meirás fuese declarado bien de interés cultural (BIC) por el gobierno bipartito de socialista y nacionalistas gallegos, en 2008. Nueve años más tarde, en 2017, el Parlamento gallego encomendó la creación de una comisión de expertos para estudiar su posible reincorporación al patrimonio público. Un año después, la Cámara gallega aprobó por unanimidad instar al ejecutivo central a realizar las gestiones legales oportunas para recuperar el pazo.

Con posterioridad, el Gobierno central, a través de la Abogacía del Estado, presentó una demanda contra la familia Franco basándose, entre otras cuestiones, en un documento datado el 3 de agosto de 1938 y firmado ante notario en el despacho del gobernador civil. En el texto se confirmaría que el contrato de venta, suscrito tres años después, fue «fraudulento» porque el inmueble ya era residencia de la Jefatura del Estado tras su adquisición por cuestación popular.

El debate jurídico, tras una vista previa celebrada en enero, se centra en la veracidad de una escritura del inmueble de 1941. Y es que para la Abogacía del Estado se trata de un documento «simulado» frente a la «legalidad» de la misma que defiende la familia Franco.

Las partes personadas sostienen que la familia del dictador obtuvo el inmueble como resultado de un proceso «coactivo», que el pazo se mantenía con fondos públicos, entre ellos los del Estado que asumía su gestión como residencia oficial y que había ayuntamientos que colaboraban en su mantenimiento o que pagaron, como el de Ferrol, los impuestos de bienes e inmuebles hasta mediados de los años setenta.

A la demanda interpuesta por el Estado, la familia Franco ha aportado una serie de documentación con la que quieren «hacer valer» que el inmueble es de su propiedad. En la misma figuran pólizas de seguro y declaraciones de la renta de Francisco Franco del año 1960, en la que figura el Pazo de Meirás como propiedad, así como los rendimientos agrícolas por fincas destinadas a cultivos.

La versión de una y otra parte tratará de ser respaldada o negada, según el caso, por los diferentes testigos. Este lunes, el alcalde de Sada entre 1979 y 2007, Ramón Rodríguez Ares, afirmó que el pazo «siempre fue propiedad privada», ya que la Diputación y el Ayuntamiento de A Coruña se interesaron por su compra en los ochenta. No obstante, el presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), Fernando Souto, confía en que la justicia les dé la razón.

«Las expectativas son muy buenas, la argumentación de la Abogacía del Estado es muy sólida, basada en documentación», asegura sobre las condiciones en las que se produjo la adquisición del inmueble. «En 1938 hay un documento notarial donde los herederos de Emilia Pardo Bazán vendían al gobernador civil el Pazo de Meirás».

Del proceso, indica que el inmueble se le entregó con posterioridad a Franco «como jefe de Estado» y que dos años después se decretó una Ley de Patrimonio «por la que el jefe del Estado decidía que era del Estado». Después, asegura que Franco decidió que el inmueble «era de él». Con posterioridad, en 1941, se produciría, según sostiene la Abogacía del Estado, una venta «simulada» no una donación. Este martes sigue el juicio.