Juan Carlos I abandona España

El rey Juan Carlos ha dejado España. En una carta enviada a su hijo, el rey Felipe VI, le comunica que toma la decisión «ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada». Para «prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey», toma la «meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España» .

El exjefe del Estado ya ha abandonado la Zarzuela y, según fuentes cercanas a la Casa del Rey, también está fuera del país. Se desconoce, por ahora, su destino .

La respuesta del rey a las informaciones sobre los supuestos negocios irregulares de su padre se esperaba desde hace semanas. El abandono de España era una de las alternativas que barajaban en la Zarzuela y la Moncloa, pero necesitaba la conformidad del rey emérito. Consentimiento que llegó hace unos días. La retirada del título real, que también estaba sobre la mesa y que Juan Carlos I rechaza de plano, ha quedado por ahora descartada. La evolución de los acontecimientos judiciales determinará si Felipe VI la vuelve a considerar.

El traslado a otro país ha sido una solución acordada entre padre e hijo, así como entre la Casa del Rey y la Presidencia del Gobierno , según fuentes conocedoras de los avatares vividos en los últimos dos meses con el reguero de informaciones.

Un regalo a su examante

Desde el «regalo» de cien millones de dólares de la monarquía saudí, a la «donación» de 65 millones de euros a su examante Corinna Larsen, y además la creación de una estructura opaca para manejar fondos en paraísos fiscales, las retiradas masivas de dinero en efectivo en sus cuentas en Suiza que entraba sin control por Barajas y hasta una máquina de contar billetes en la Zarzuela. Hechos todos supuestos y sin ninguna certificación judicial.

La drástica decisión de abandonar España, sin embargo, da pábulo a la veracidad de esas informaciones aunque se haya revestido de una medida para preservar la institución de la Corona y de un nuevo servicio a España.

El rey emérito comunicó por carta a su hijo, en fecha que no se precisa, que tomaba la decisión «con profundo sentimiento, pero con gran serenidad» porque «siempre he querido lo mejor para España y para la Corona». El camino de un tercer país, escribe Juan Carlos I, es «el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey».

No desmiente nada

En la misiva del rey emérito no hay ninguna palabra referida a sus actividades financieras, más allá de «la repercusión pública» que han alcanzado «ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada». Tampoco se niegan ni se desmienten los hechos ni se muestran señales de arrepentimiento.

Felipe VI respondió a su padre por la misma vía epistolar que recibía la decisión con «sentido respeto y agradecimiento». Subrayó asimismo «la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia».

El despacho de abogados de Javier Sánchez Junco, encargado de la defensa del exjefe del Estado, aclaró nada más conocerse el comunicado de la Zarzuela que la decisión de ninguna manera se puede interpretar como una fuga o una huida porque su cliente «permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna».

Sin causas abiertas

Juan Carlos de Borbón no tiene ninguna causa abierta ni está imputado por delito alguno. Tiene abierta una investigación por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo para determinar si cometió fraude fiscal o blanqueo de capitales después de su abdicación en junio de 2014. En un juzgado de Ginebra también está en marcha un procedimiento por las actividades financieras opacas de las fundaciones Lucum y Zagatka en las que aparece como beneficiario. En la Audiencia Nacional se ha reabierto la ‘pieza Carol’ que vincula a Corinna Larsen con el excomisario José Villarejo y que puede salpicar al rey emérito de acuerdo a las conversaciones que mantienen ambos. El Gobierno recibió con satisfacción la reacción de la Zarzuela. Pedro Sánchez ha estado en permanente contacto con Felipe VI y Carmen Calvo con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. A su vez, el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, ha trabajado con los servicios jurídicos de los dos reyes.

El ataque de Pablo Iglesias

El presidente del Gobierno hará hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, una valoración oficial de la respuesta de la Casa del Rey. La Moncloa, entretanto, ensalzó ayer en un mensaje de la Secretaría de Comunicación el «sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI» desde el comienzo de su reinado. Fuentes gubernamentales, asimismo, señalaron que la marcha del rey emérito fuera de España «distingue entre el pasado y el presente», además de «fortalecer la institución y facilitar el trabajo constitucional» de Felipe VI.

La reacción oficiosa de la Moncloa contrasta con la dura respuesta del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias , que calificó de «indigna» la «huida» al extranjero . Y para dejar claro que no hablaba como líder de Unidas Podemos, como ha argumentado en otras ocasiones, sino que lo hacía como vicepresidente, sostuvo que un Gobierno democrático «no puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia».

Pablo Casado , líder del PP, reivindicó la «contribución» del emérito a la Transición y Quim Torra comparó su marcha con el exilio de Alfonso XIII en 1931.

Juan Carlos I mantendrá el título honorífico de rey , que le fue concedido por real decreto seis días antes de su abdicación en 2014, con carácter vitalicio y honores análogos al Príncipe de Asturias.

Don Juan Carlos se había mostrado contrario a renunciar voluntariamente a este título, que no conlleva ningún privilegio asociado, y el actual monarca no ha querido despojarlo del mismo como sí hizo con su hermana Cristina y su cuñado Iñaki Urdangarin, a los que desposeyó del Ducado de Palma por su implicación en el ‘caso Nóos’.

Una bala que, en todo caso, sigue estando en la récamara de don Felipe si finalmente el rey emérito tiene que sentarse en el banquillo y para la que necesitaría la intervención del Ejecutivo.

Sería el Consejo de Ministros el que tendría en sus manos aprobar un nuevo decreto ley o modificar el aprobado por el Gobierno de Rajoy en el que se regulaba los honores y títulos de la Familia Real.

Desde diferentes ámbitos, incluido el Ejecutivo, se había instado a la Casa Real a que tomase medidas ejemplarizantes para blindar la figura de Felipe VI.

La retirada del título honorífico y su expulsión de la Familia Real son dos de las opciones que han estado sobre la mesa del rey. También se ha estudiado la posibilidad de acotar la Familia Real a los reyes y a sus hijas. Una decisión que afectaría a la reina Sofía, víctima colateral de los escándalos del emérito, como hace seis años le ocurrió a la infanta Elena cuando don Felipe decidió sacar de la foto de la familia a Cristina.