La jueza avala la semilibertad de siete presos del ‘procés’
La juez de vigilancia penitenciaria avaló este miércoles el tercer grado que el Departamento de Justicia de la Generalitat catalana concedió a los siete líderes independentistas condenados a prisión que permanecen en el centro de Lledoners (Barcelona).
La resolución desestimó los recursos de la Fiscalía, a la que la magistrada afeó su intención de buscar de forma sistemática un «castigo ejemplar» a los reos, pero mantiene en suspenso su ejecución a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo, órgano sentenciador, quien tiene la última palabra.
En sus siete autos, la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número cinco de Barcelona, María Jesús Arnau, entiende que el Departamento de Justicia ha actuado «correctamente» al clasificarlos en tercer grado y valoró el comportamiento de Oriol Junqueras y del resto de condenados en este tiempo. Sobre el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC manifestó que ha reconocido a los funcionarios de Lledoners que, si hubiesen sabido las consecuencias de sus actos, habrían actuado de otra manera y que reconocen que obraron fuera de las vías legales, aunque sin violencia, y que las cosas se pueden hacer por las vías de diálogo.
La juez Arnau también ha tenido en cuenta que los presos han realizado programas y actividades de tratamiento con resultados «muy positivos» y que su riesgo de reincidencia se mantiene bajo. En el caso de Dolors Bassa y Carme Forcadell será otro juzgado en el que deba de pronunciar sobre el tercer grado al estar en otro centro penitenciario.
Además, Esquerra Republicana ha registrado en el Senado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno con las que pretende que el Ejecutivo aclare si tuvo implicación o no en la decisión del rey emérito Juan Carlos I de abandonar España, que la formación independentista califica como «fuga».
El texto está firmado por la senadora de ERC Laura Castel y en él, cuestionan directamente si algún miembro del Gobierno participó en la marcha de Juan Carlos I, o si la decisión de Felipe VI de autorizar y facilitar la marcha ha sido refrendada por algún integrante del Ejecutivo de coalición.
En concreto, preguntan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si tuvo participación directa en este plan o en qué momento tuvo conocimiento de la marcha y por qué medio se enteró. Asimismo, instan al jefe del Ejecutivo a explicar si mostró su conformidad con la intención de salida al extranjero del monarca.