El organismo público insiste en que ninguno ha reconocido el delito

Insiste en que los presos siguen sin reconocer el delito y no han superado ningún programa específico de tratamiento, lo que, unido a la gravedad de los hechos y a la duración de las penas, comporta que deban seguir en segundo grado para evitar «vaciar» de contenido su condena.

En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras, subraya que los informes de la cárcel detallan que «continúa pensando que la vía unilateral impuesta por la fuerza» para conseguir la República «no es viable», aunque ello, matiza la Fiscalía, «no supone en absoluto que no lo considere legítimo».

En el caso de Jordi Cuixart, la Fiscalía argumenta que la evolución de su tratamiento «ha sido nula», pues si bien reconoce los hechos por los que fue condenado «justifica todos y cada uno de los actos políticos» que llevaron al 1-O, como él mismo manifestó el primer día en que salió en tercer grado, en declaraciones a los medios y en una entrevista en TV3.

La Fiscalía considera una «distorsión» que los presos sigan defendiendo que actuaron democráticamente porque tenían un mandato del Parlament y un consenso social, y recuerda que lo democrático «no es imponer la voluntad propia aprovechándose de la situación de poder que se ostenta», sino acatar las leyes y, si no se comparten, intentar cambiarlas por los cauces legales. De esta forma, recuerda que «no están condenados por su ideología o pensamiento».