Sánchez abrirá con Casado la ronda de contactos para aplacar la tensión política

La última vez que Pedro Sánchez y Pablo Casado se dieron cita en la Moncloa, nadie vaticinaba que en un mes el Gobierno decretaría el estado de alarma para intentar controlar una epidemia. Era 17 de febrero y ya entonces ambos constataron una distancia política que sólo se ha ensanchado en los meses de emergencia sanitaria.

Cuando el próximo miércoles vuelvan a verse, algunos de los asuntos que quedaron bloqueados en el aquel encuentro seguirán sobre la mesa. Es el caso de la renovación pendiente de órganos como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE. Fuentes del Ejecutivo se proponen, además, abordar «la despolitización de la lucha contra la pandemia», pese a que las discrepancias no han cesado. Que Sánchez dejara el martes en manos de las comunidades autónomas la iniciativa de solicitar al Gobierno la declaración de estado de alarma en sus territorios ha avivado la oposición del PP, que atribuye al jefe del Ejecutivo un intento de «lavarse las manos». «Lo que esperaban los españoles era un presidente y lo que dijo Sánchez es que no va a serlo, que recibirá su nómina pero no va a ejercer las competencias que tiene ni su responsabilidad», censuró en Antena 3 la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra.

La propuesta del PP pasa desde hace tiempo por emprender reformas legales para articular un paraguas alternativo al estado de alarma que permita tomar medidas restrictivas sin necesidad de recurrir a la situación de excepcionalidad que los populares situaron en el eje de su oposición al Ejecutivo en mayo. En este escenario, el presidente de la Xunta gallega, Alberto Núñez Feijóo, movió ayer ficha: «Ante los cinco meses perdidos del Gobierno, en Galicia hemos elaborado un texto de modificación de la Ley Orgánica de Salud como aportación leal de una comunidad preocupada». Ni él ni los otros dirigentes autonómicos de distinto signo político contemplaron ayer dar el paso y pedir la declaración de estado de alarma, si bien la consejera de presidencia catalana, Meritxell Budó, anticipó que la Generalitat estudiará el planteamiento cuando se conozcan «todos los detalles» y territorios, incluso críticos, como Castilla y León, gobernado por el PP, anticiparon que no renunciarán a ninguna herramienta «para proteger la salud». Su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que también ha reclamado otro instrumento, exigió a Sánchez que el Gobierno no se «eche a un lado» y establezca al menos un criterio técnico y común a todas las comunidades en caso de tener que solicitar la declaración excepcional.

Las diferencias no quedaron así asociadas a un partido u otro. Algunos líderes socialistas, como el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, pusieron en valor la oferta de Sánchez y argumentaron que «reforzar la idea de cogobernanza es un ejercicio de profundización del Estado de las Autonomías». Otros, sin embargo, y es el caso del máximo representante de Aragón, Javier Lambán, demandaron al Gobierno «cobertura legal» para que las decisiones que adopten los ejecutivos de cada territorio para controlar lel virus no estén «al albur» de los jueces.