Los nombramientos pendientes en la judicatura se reactivarán si no hay acuerdo
El pleno que celebró el Consejo General del Poder Judicial el pasado 28 de julio, con la presencia de los 20 vocales más el presidente del ´rogano judicial, Carlos Lesmes, acordó la retirada del orden del día, que tenía previamente aprobado, el nombramiento de cinco cargos discrecionales para ocupar tres plazas en la Sala Segunda el Supremo, la que juzga a los aforados y preside Manuel Marchena; y las presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y también el de la Audiencia Provincial de Orense.
Por una mayoría de 16 votos contra cinco, se decidió paralizar estas nominaciones «ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios» para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Era la segunda oportunidad que el órgano de gobierno de los jueces españoles daba a la negociación tras suspender los nombramientos en el mes de enero pasado, una vez se constituyeron las dos Cámaras -el Congreso de los Diputados y el Senado- tras las últimas elecciones generales y formado el Gobierno de coalición.
EN CUATRO OCASIONES YA
Desde la finalización en diciembre de 2018 del mandato del CGPJ, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo se ha dirigido por carta en cuatro ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado instándolos a dar cumplimiento a la ley para que la renovación se produjera en plazo. Pero de momento no ha tenido efecto, aunque tampoco ha ayudado la inestabilidad parlamentaria de los últimos años.
La decisión, en suma, de paralizar los nombramientos supuso una cascada de reacciones entre las asociaciones que representan a la mitad de la Carrera Judicial.
«Estos cambios de criterio son impropios de un órgano constitucional, afectan seriamente a la seguridad jurídica, y traslada una importante falta de credibilidad en las actuaciones que lleva a cabo», criticaron desde la progresista Jueces para la Democracia (uno de los dos colectivos más representados históricamente en el CGPJ junto a la conservadora APM).
«Volvemos a asistir al lamentable espectáculo de ver cómo el CGPJ está más pendiente de las negociaciones de los partidos que de proveer inmediatamente, tal y como manda la ley, las vacantes judiciales. También se está perjudicando gravemente no solo el interés público, sino los legítimos intereses de los candidatos propuestos, que, utilizados como moneda de cambio para facilitar la renovación, llevan meses inmersos en un proceso que debería haber concluido hace tiempo», denunciaron desde Foro Judicial Independiente.
Anticipándose a esta críticas, en el pleno del 28 de julio y pese al apoyo de 15 de los 20 vocales, Lesmes tomó conciencia de que si el acuerdo entre el PSOE y el PP no llegaba a puerto se volverían a retomar los nombramientos en el pleno de finales de septiembre, según comentan fuentes del CGPJ. La primera vez la suspensión de la elección de las plazas vacantes duró cerca de cuatro meses, pero ahora el Consejo carece de ese tiempo por motivos de «urgencia y necesidad» en los tribunales afectados.