El PP advierte de que el bloqueo del CGPJ se debió a las críticas de UP a la Corona

El acuerdo entre el PSOE y el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial estaba prácticamente cerrado. «Al 99%», según reveló ayer el presidente del Gobierno. Pero «inexplicablemente», en agosto, la formación de Pablo Casado se echó para atrás. Y ahora ambos partidos regresan a la casilla de salida mientras se enzarzan en quién tiene la culpa del bloqueo, que mantendrá en la interinidad por tiempo indefinido al órgano de gobierno de los jueces. «Solo podemos pedirle a Casado que repacite, no desprestigie las instituciones y que arrime el hombro en lugar de poner palos en las ruedas», aseguró el secretario de Organización del PSOE, José Luis Abalos.

En el PP, rebajan la dimensión de los contactos e insisten en que apenas se había iniciado la negociación. Desde la formación conservadora,se niegan a llegar a un acuerdo mientras Pablo Iglesias siga en el Gobierno. Defienden que la presencia dentro del Ejecutivo de un partido populista, que cuestiona la monarquía y partidario de un referéndum de independencia en Cataluña, enturbia cualquier posibilidad de pacto. De nada sirvió el aviso lanzado por Pedro Sánchez alertando de que está dispuesto a intentar abordar el relevo de la cúpula judicial y de otros órganos sin la concurrencia del principal partido de la oposición. «La posición del PP es firme y coherente», respondió el partido en un comunicado.

«Legitimidad»

El jefe del Ejecutivo mantuvo en una entrevista en TVE que, en tiempos de emergencia sanitaria, las instituciones necesitan una «dosis extra de legitimidad», y ya va para casi dos años que el Poder Judicial sigue sin renovarse. El PP, «que tanto habla» de la Constitución, denunció, «debería cumplirla» y no bloquear el funcionamiento de órganos «tan importantes».

Sin embargo, ese propósito del Gobierno es difícil de cumplir. Para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, la Carta Magna exige mayorías cualificadas, inviables sin los conservadores Reuniones discretas Hasta que saltase por los aires la posibilidad de acuerdo, dos hombres de la confianza de Sánchez y Casado, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de ese área del PP, Enrique López, llevaban semanas de reuniones discretas. El primer contacto, reconocen en Génova, se produjo el 6 de julio, durante el cuarenta aniversario del Tribunal Constitucional. Ese día la vicepresidenta Carmen Calvo y el propio Campo solicitaron al líder del PP iniciar unas conversaciones que éste encargó a López. Con las conversaciones ya en marcha, el presidente le envió un WhatsApp a Casado preguntándole si era cierta esa posibilidad de acuerdo. Según publicó este lunes El País el líder de la oposicion le contestó por la misma vía que sí. Los populares reconocen que existió ese mensaje pero que en él, Sánchez le proponía a Casado los interlocutores para las negociaciones, que fueron aceptados «sin entrar a valorar ni siquiera el fondo de la cuestión».

Aunque el jefe del Ejecutivo no quiso explicar los motivos de la ruptura —«eso tendrá que explicarlo el PP», apuntó,— sí deslizó de manera indirecta que la negociación saltó por los aires después de que la exportavoz de los populares en el Congreso, Cayetana Alvarez de Toledo, aludiera a ese pacto con el Ejecutivo como motivo para su cese. Sin embargo, la formación conservadora insiste en que su negativa a consensuar los órganos institucionales se debió a las críticas de Unidas Podemos a la Corona tras la salida del país de Juan Carlos I y a su «imputación por financiación irregular». Según los populares fue el 14 de agosto, tres días antes de que la caída de Alvarez de Toledo cuando transmitieron al Gobierno, a través de una reunión de sus interlocutores, que no se podía acordar la renovación de las instituciones si Podemos tenía cualquier papel en ella.

Los socialistas, en cambio, creen que «los avances generaban bastante optimismo» y que carecen de sentido las «excusas peregrinas» del PP.