El retraso de las elecciones catalanas facilita que ERC y PDeCAT apoyen los Presupuestos

El empeño de Quim Torra de no pactar con Esquerra la fecha de las elecciones catalanas para convocarlas antes de fin de año ha supuesto un balón de oxígeno para Pedro Sánchez en la búsqueda de apoyos para los Presupuestos del próximo año. Esquerra se ve liberada del marcaje de JxCat en la competición de soberanismo y rechazo a los pactos con el Gobierno y tiene un margen de maniobra mayor para entenderse con los socialistas. Del mismo modo, los cuatro diputados del PDeCAT se han convertido en actores autónomos en el tablero político tras su ruptura con los de Carles Puigdemont.

Son 17 votos que pueden ser vitales en la recta final de las conversaciones, que pueden compensar una eventual ruptura con Ciudadanos y sus diez diputados. Sánchez, de todas maneras, sigue firme en su plan de contar con todos, salvo PP, Vox y JxCat, para salvar las cuentas públicas. La Moncloa aspira a sumar del orden de los 200 apoyos. Pero de momento son las cuentas de la vieja, no hay nada seguro.

Es muy probable que el Supremo confirme este jueves la sentencia de inhabilitación de Torra dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por negarse a retirar de los edificios de la Generalitat pancartas de apoyo a los presos del ‘procés’ durante la campaña electoral. El presidente catalán se niega a convocar las elecciones autonómicas antes de su suspensión para que no sea «la justicia española» la que marque la agenda política en Cataluña. Una decisión que más tiene que ver con la necesidad de Puigdemont y JxCat de ganar tiempo y reorganizarse para esas elecciones tras la ruptura con PDeCAT, el partido heredero de Convergència.

El caso es que no parece que las elecciones catalanas se vayan a celebrar este año, y en ese escenario se enmarca la apelación del pasado miércoles del portavoz de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, al presidente del Gobierno para que «aguante» con los Presupuestos.

El Ejecutivo va a aguantar y, por de pronto, no va a llevar el proyecto de las cuentas al Congreso el 30 de septiembre. Lo deja para la primera quincena de octubre, según anunció este sábado la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Esquerra reconoce que tiene muy difícil llegar a acuerdos con Sánchez en campaña electoral porque cualquier acercamiento, por tímido que sea, es utilizado por JxCat para erigirse como los verdaderos independentistas frente a la tibieza republicana. Sin el condicionante de las urnas el partido que lidera Oriol Junqueras muestra otro talante. La reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat en la última quincena de este mes además va a engrasar más esas relaciones entre republicanos y socialistas. Sánchez ha dado su conformidad a ese encuentro, Esquerra también y Torra se lo piensa.

Los cuatro diputados del PDeCAT, que hasta hace dos semanas no entraban en ninguna ecuación, se han convertido ahora en un actor de primer orden tras la ruptura con JxCat. «Desde que hemos sido expulsados del Govern el planteamiento es otro», afirmó ayer Ferran Bel, portavoz parlamentario de los exconvergentes. El PDeCAT, añadió en una entrevista en ‘El País’, decidirá si apoya o no los Presupuestos «en función de los intereses de Cataluña». Una premisa que mientras formaban parte del grupo de JxCat ni se planteaba porque la negativa no admitía discusión.

La reforma fiscal

Con estas novedades en el tablero, Sánchez no cambia de planes y no renuncia a la baza de Ciudadanos a pesar de los fuertes reparos para compartir mesa con los liberales que plantean Esquerra y, cada vez menos, Unidas Podemos. El partido que lidera Pablo Iglesias ha comenzado a modular sus planteamientos presupuestarios en el apartado fiscal. Las subidas de impuestos ya no son condición ‘sine qua non’. El secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Alvarez, acepta que «no hay urgencia para abordar una reforma fiscal en profundidad». En un contexto de pandemia, señaló en una entrevista este jueves en Radiocable, «es posible graduar» el acuerdo de Gobierno de coalición firmado por su partido y el PSOE en enero pasado, y que preveía incrementos en la fiscalidad de sociedades, en tramos del IRPF y la creación de nuevas figuras impositivas.