Hacienda anuncia que suspenderá la regla de gasto a los ayuntamientos

Hacienda prepara una alternativa al decreto municipal que la semana pasada recibió una sonora negativa en el Congreso de los Diputados en la primera derrota parlamentaria sufrida por el Gobierno de coalición. El nuevo texto se presenta como una réplica del rechazado, con la excepción de la causa de su derrota legislativa, los remanentes: Hacienda elimina la propuesta de que los ayuntamientos le cedan sus ahorros a cambio de un fondo de 5.000 millones repartido, según su última oferta, en un 60% según el criterio poblacional y en un 40% en función de los remanentes cedidos.

El nuevo texto mantiene la suspensión de la regla de gasto para 2020. Además, sigue contemplando la prórroga del uso del superávit de 2019 para inversiones financieramente sostenibles, así como las mejores condiciones de financiación para los ayuntamientos con más problemas. El Gobierno cifra la batería de medidas en más de 3.000 millones de euros.

Y, con ello, «reitera su compromiso con el municipalismo en un momento de crisis por la pandemia». Con mayor detalle, Hacienda está dispuesta a habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local, que suponen casi 1.500 millones. La prórroga del uso del superávit para el año 2020 y la financiación de inversiones financieramente sostenibles tendrá un impacto de otros 987 millones. Además, se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018, lo que supondría otros 621 millones.

Diputaciones y municipios

En virtud del decreto, las Diputaciones podrán ayudar a los municipios con problemas con préstamos y transferencias. Los remanentes, pendientes Entre las medidas que incluirá el decreto no está la relativa a los remanentes municipales y su cesión, «porque no hay consenso entre los grupos parlamentarios ni tampoco con los ayuntamientos», comentan desde Hacienda. Respecto a esta cuestión, Hacienda espera «propuestas alternativas» de los partidos políticos para estudiarlas. Hacienda, por tanto, se limita a incorporar al nuevo texto normativo «las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso». El presidente de este organismo, Abel Caballero, alcalde de Vigo y del PSOE, conocía el contenido del nuevo decreto desde el sábado y había convocado para ayer una reunión de la junta de portavoces. Tras su celebración, Caballero explicó que, en conjunto, se veía «bien» la iniciativa del Ejecutivo, si bien la «quiere conocer en detalle». «Hacienda ha tenido una enorme capacidad de reflejos para intentar resolver los problemas del ‘no’ del pasado jueves», valoró Caballero, que añadió que el decreto del Gobierno «retoma la buena dirección», ya que implica que los ayuntamientos contarán con más recursos y que se podrá seguir negociando el fondo de los 5.000 millones, a los que los municipios no quieren renunciar.

Distribución

El regidor de Vigo aseguró que los ayuntamientos quieren ese fondo («toda la FEMP considera que el fondo es muy bueno», declaró), aunque en lo que hay discrepancia es en el modo de distribución. Tras el gesto de Hacienda recuperando las medidas que sí generaban consenso, deberían retomarse las negociaciones para que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes, algo que Caballero cree «imprescindible». Caballero reivindicó que en el nuevo decreto se incorpore el fondo para compensar la reducción de los ingresos del transporte, que estaba dotado con hasta 400 millones y que la nota de Hacienda sobre la cuestión no incorporaba. El de Caballero es fuego amigo. Hubo otras reacciones menos amables, como la del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, portavoz del PP en la FEMP y líder de los más de treinta alcaldes rebeldes de más de una docena de partidos que se movilizaron contra el decreto previo. Azcón calificó el anuncio de Hacienda de «rectificación mínima» y de que era «necesaria», aunque «no suficiente», ya que no recoge fondos extraordinarios de ayudas para todos los ayuntamientos. A su juicio se olvida de lo esencial: el fondo extraordinario de 5.000 millones para las entidades locales y el que palía la pérdida de ingresos en el transporte público sin que estén supeditados al «chantaje» que suponía entregar los ahorros.