El Gobierno empieza a tramitar los indultos para los presos de ‘procés’
El Ejecutivo lo pone en marcha en plena negociación de los Presupuestos con ERC
Golpe de efecto del Gobierno y guiño al independentismo en plena negociación de los Presupuestos. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció este miércoles que el Ejecutivo empezará a tramitar la semana que viene las peticiones de indulto para los presos secesionistas, un proceso largo y complejo que puede durar hasta medio año. Y que elevará la temperatura de la arena política española, marcada en los próximos meses por la pandemia, la negociación de los Presupuestos y las elecciones catalanas.
El inicio de la tramitación, que no presupone la concesión del indulto, fue comunicada por el ministro por sorpresa, en una respuesta parlamentaria a la diputada de JxCat, Laura Borràs, pero no fue de forma improvisada, pues los socios del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos, reconocieron que conocían desde el día anterior el anuncio del ministro. El Ejecutivo central tenía sobre la mesa varias peticiones de indulto para los reos del ‘procés’ desde el pasado mes de enero, pero las había guardado en un cajón, como consecuencia del «atasco» provocado por la pandemia, según apuntaron fuentes del Ministerio de Justicia.
El indulto es una medida de gracia, en manos del Gobierno, que le faculta para perdonar una pena, aunque el indultado sigue siendo culpable del delito cometido. Se hace de forma individual y en ningún caso se dan indultos con carácter general. Lo puede pedir el penado o un tercero, como es el caso de los reos secesionistas.
Indultos pedidos por tercerosDiferentes organizaciones han formalizado en los últimos tiempos la petición de indulto para los nueve dirigentes independentistas condenados a penas de nueve a trece años por sedición. El sindicato UGT hizo la petición para la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa; los expresidentes del Parlament hicieron lo propio con Carme Forcadell y la formación política Lliga Democrática, uno de cuyos dirigentes es el expresidente de Sociedad Civil Catalana, Ramón Bosch, anunció su intención de realizar una petición para todos ellos. El abogado Francesc Jufresa presentó también una solicitud para los doce condenados (tres no están en prisión).
La tramitación arranca con la solicitud por parte del Ministerio de Justicia de los correspondientes informes sobre si están a favor o no del tribunal sentenciador, el Supremo, la Fiscalía y las cárceles catalanas. El indulto puede ser parcial o total. Estos informes no son vinculantes, pero sí pueden determinar la posición final del Ejecutivo, que la adopta el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia y la firma el Rey. Entre otras cuestiones, el Supremo deberá incluir en su informe si existe voluntad de arrepentimiento por parte del reo, que no existe en este caso pues han expresado su intención de volver a celebrar otro 1-O. Aunque, eso sí, no es una condición sine qua non, como ocurrió en el caso de Antonio Tejero, sobre cuyo indulto se pronunció a favor el Supremo y después el Gobierno lo denegó.
El Supremo, en cualquier caso, podría tener la última palabra si PP y Vox acaban recurriendo los indultos como avisaron este miércoles entre duras acusaciones a Pedro Sánchez de haberse vendido a los secesionistas. También puede ocurrir que a los presos se les conceda el indulto y lo rechacen, al menos desde el punto de vista político.