La sentencia de Torra complica a Sánchez las cuentas y la estabilidad del Gobierno

Quim Torra puede estar viviendo sus últimas horas en el Palau de la Generalitat. Todo apunta a que previsiblemente este lunes o en los próximos días será inhabilitado por el Tribunal Supremo por haber desobedecido a la Junta Electoral al negarse a retirar a tiempo una pancarta a favor de los presos durante la campaña electoral de las últimas elecciones generales. Su inhabilitación deja más interrogantes que certezas en el independentismo catalán, clave para que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos.

Torra, que durante el juicio admitió la desobediencia, fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 18 meses de inhabilitación y el alto tribunal podría ratificar la condena. Por primera vez, un presidente de la Generalitat puede ser condenado en el ejercicio de su cargo. Mas ya fue inhabilitado por el 9-N, pero no era jefe del Ejecutivo catalán. Puigdemont fue cesado en virtud del 155 y ahora está procesado por un delito de sedición por el 1-O.

En el Govern, ya hace tiempo que se preparan para la condena. Tanto la CUP como la ANC han denunciado estos últimos días que los dos partidos del Gobierno catalán (JxCat y ERC) y el mismo Torra tienen decidido acatar la inhabilitación. A pesar de la división que hay entre los dos socios y la pugna preelectoral, la respuesta política e institucional ha sido acordada por los dos partidos de Gobierno, sin participación de la CUP ni de las entidades sociales. No se esperan resistencias numantinas, como amenazó el dirigente nacionalista, aunque no pueden descartarse movimientos simbólicos.

La respuesta a la condena, en principio, no será una convocatoria electoral por parte del presidente de la Generalitat. Desde el anuncio de la condena hasta su aplicación efectiva, cuando el TSJC se la notifique personalmente, aún tendría tiempo para firmar el decreto de convocatoria. Pero Torra se niega a convocar elecciones, pues considera que es plegarse a la «represión del Estado». Salvo Puigdemont, casi todo el mundo en Cataluña le pide comicios.

Tras su cese, el Govern pasará a estar en funciones. El actual vicepresidente, Pere Aragonès (ERC), asumirá la presidencia interina. No puede cesar ni nombrar consejeros y no puede disolver la legislatura. Tampoco podrá presentar proyectos de ley ni aprobar unos Presupuestos. Sí, en cambio, decretos ley. Es un cargo provisional hasta las elecciones, que quedarán automáticamente convocadas si en el plazo de dos meses la Cámara catalana no es capaz de votar a un sustituto. Torra ya ha pedido a sus socios que no lo hagan.

Torra concedió ayer una entrevista a ‘Vilaweb’, en la que en un tono de despedida, reconoce que ha «fallado» a los independentistas, pues no ha sido capaz de cumplir con la promesa de avanzar en la secesión. Admite que le sabe muy mal tener que cesar en plena pandemia y confía en que el Parlament le dé su apoyo cuando sea condenado. Ese respaldo podría ser una declaración suscrita por los independentistas. Y dice adiós con la creencia de que el Supremo le inhabilita porque es una «piedra en el zapato» del Estado.

Los Mossos d’Esquadra están en alerta máxima ante posibles altercados, como los de hace un año por la sentencia del ‘procés’. El clima no parece el mismo, pero está por ver. El nuevo ejecutivo catalán, si Torra es condenado, deberá gestionar el día a día de los próximos meses, con una pandemia que no da tregua, la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y una situación de bloqueo, que ha provocado la congelación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat.