El Supremo constata el sistema de corrupción creado por Correa y cargos del PP

El Tribunal Supremo ha sentenciado que el cabecilla de la red, Francisco Correa, creó con cargos del PP "un auténtico y eficaz sistema de corrupción" a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública en comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por ese partido.

La sentencia del alto tribunal respalda el relato de la Audiencia Nacional sobre la primera época de la trama (1999-2005) y confirma las condenas a los principales acusados del caso, incluido por el delito de asociación ilícita para varios de ellos porque que actuaron como "un grupo estructurado, jerarquizado, dirigido a lucrarse con bienes y servicios, y a efectuar hechos delictivos".

El alto tribunal confirma la comisión en esta causa de delitos de cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida, o exacciones ilegales.

El Supremo considera que el "Grupo Correa" y "personas del Partido Popular" tejieron una estructura de colaboración estable, dentro de la actividad normal de cualquier partido, para prestar servicios relativos a viajes, organización de eventos o congresos, entre otros.

Pero, en paralelo crearon "un auténtico y eficaz sistema de corrupción, a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas (Comunidades Autónomas y Municipios gobernados por el PP)".

Eso les permitió que sus empresas o las que él decidía gozaran de un "arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas", algo que encubrían con fórmulas de derecho de aparente legalidad.

La red cometió sobornos a funcionarios y autoridades, emitió facturas falsas y creó un entramado societario para hacerse con contratos públicos y para ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal pero a espaldas de Hacienda.

Al igual que en la sentencia del caso de Valencia, íntimamente relacionada con éste, se constata la constitución de un entramado para posibilitar el delito, eludir su persecución y facilitar la obtención de los beneficios obtenidos.

Esta red fue destapada y desarticulada gracias a las grabaciones del exedil de Majadahonda José Luis Peñas, cuya legalidad ha sido cuestionada desde el primer momento por varias de las defensas, que lo han llevado al Supremo, en su caso aduciendo la doctrina del caso Falciani.

La Sala, sin embargo, avala las grabaciones y niega que se haya vulnerado el secreto de las comunicaciones: las conversaciones fueron libres y espontáneas, y fue uno de ellos quien las grabó, sin que su decisión fuese provocada por la Policía u otra institución. Por tanto, aun cuando moral y éticamente pueda ser cuestionada su actuación, dice el Supremo, no infringieron ningún derecho.

Del mismo modo rechaza la nulidad de actuaciones, que acusados como Francisco Correa y Pablo Crespo solicitaron en base a la intervención en prisión de las comunicaciones con sus abogados, porque la injerencia, declarada nula, no permitió conocer ninguna situación que afecte a su defensa.