Los jueces, entre la «indignación» y la «tristeza» por la ofensiva del poder político

Lo suyo es resolver disputas, «sí, pero no aquellas que se deberían zanjar en esferas estrictamente políticas. No estamos para eso». El último frente abierto es la renovación del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces, que se ha convertido en el enésimo escenario de batalla dentro de la descarnada guerra entre el Gobierno y la oposición. El bloqueo del PP y el contraataque de PSOE y Unidas Podemos con una propuesta para cambiar las reglas del juego a su favor han exacerbado las posturas hasta cotas nunca antes vistas. Y, en medio, los jueces se ven a sí mismos como «cabezas de turco».

«Estamos asistiendo a una deriva. Quienes ejercen responsabilidades públicas deberían ser especialmente cuidadosos con el resto de instituciones del Estado. Eso se está perdiendo», lamenta María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el país. «Se está perdiendo el respeto y se cuestiona absolutamente todo. Sembrar dudas sobre el funcionamiento de la Justicia enturbia la buena marcha de cualquier país», agrega Ascensión Martín, de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD).

Temeridad

En este convulso contexto se enmarcan los ataques de partidos políticos a la Justicia, algunos procedentes incluso del Palacio de la Moncloa. «Es tremendo que vengan de alguien que se sienta en el Consejo de Ministros, es algo temerario. ¿Dónde queda la mesura?», se preguntan en el seno del Poder Judicial respecto a los mensajes vertidos, entre otros, por Pablo Iglesias. Desde su llegada al Gobierno, el CGPJ ha llamado la atención hasta en tres ocasiones al vicepresidente segundo y a su partido por declaraciones altisonantes en las que se generaron «sospechas inaceptables» sobre la Justicia.

«Hay ataques que van más allá de una resolución, tratan de deslegitimar y poner en duda la profesionalidad de los magistrados. Y eso es un peligro para la convivencia», alerta Jorge Fernández Vaquero, de la asociación Francisco de Vitoria. «El cuestionamiento no es de recibo. Yo he votado en nombramientos de jueces a personas de todos los colores porque la única guía es su trayectoria profesional. ¿Qué interés voy a tener yo en quién presida el Tribunal Superior de un sitio a cientos de kilómetros de donde vivo?», plantea otro de los vocales del CGPJ, quien recuerda la «práctica unanimidad» que se da en muchas de las decisiones.

Los magistrados vienen detectando de un tiempo a esta parte un «intento continuo de desprestigio» que, por si fuera poco, tiene el riesgo de calar entre la sociedad. «Cada vez más ciudadanos nos envían correos electrónicos, preocupados por la situación de la Justicia», certifica Concepción Martín, portavoz de Foro Judicial Independiente (FJI). Aquí juega en contra, según diagnostican en la esfera de la judicatura, el fenómeno de las redes sociales, potenciadoras de los mensajes más dañinos. «Son nuevas formas de comunicación en las que se difunden mensajes muy fáciles y que movilizan rápido», diagnostica Fernández Vaquero.

Insultos y amenazas

Lo más preocupante es que algunos de esos mensajes rozan o incluso traspasan lo delictivo. Prueba de ello son los tuits con amenazas de muerte que denunció el juez Manuel García-Castellón tras pedir al Supremo que investigue a Iglesias por el ‘caso Dina’. «He oído voces diciendo que se tiene que normalizar la crítica a los jueces. Es que estas cosas ni son críticas ni se deben normalizar», expresan miembros del Poder Judicial, que asisten con indignación a la progresiva extensión de la «crispación» política al sistema judicia.

La politización de la Justicia y la judicialización de la política, dicen, avanza a marchas forzadas «y esto no puede acabar bien». «Siempre habrá interesados en meter mano en el sistema judicial porque es muy goloso», dice Concepción Martín. Y para algunos -remata Fernández Vaquero- ese paso «es el último obstáculo para conseguir sus objetivos políticos».