El ministro Campo nombró a 32 jueces con el CGPJ en funciones

El ministro de Justicia Juan Carlos Campo, negociador del Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), formó parte del gobierno de los jueces entre 2001 y 2008 pese a que el mandato era de cinco años. Campo fue nombrado a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y resistió como vocal hasta el último Pleno, que se celebró a punto de cumplirse los dos años de interinidad. En ese periodo en funciones, Campo votó el nombramiento de 32 jueces, 11 de ellos en el Tribunal Supremo. Un desempeño que ahora critica del actual Consejo en funciones, que ha realizado 61 designaciones. La situación de ambos mandatos ofrece bastantes similitudes, con un bloqueo político permanente que ha impedido reemplazar a los 21 integrantes del órgano constitucional (20 vocales más el presidente). El CGPJ que dirige Carlos Lesmes se constituyó en diciembre de 2013 y está a un mes escaso de llegar a los dos años en funciones.

Pese al paralelismo de estos dos procesos —ambos órganos fueron nombrados con el PP en el Gobierno y concluyeron con el PSOE en el poder—, uno de los aspectos más controvertidos en la actualidad tiene que ver con la legitimidad del Consejo para seguir cumpliendo sus funciones.

En concreto, el Ejecutivo -por boca de su ministro de Justicia y magistrado de carrera- y un compendio de entidades progresistas y colectivos como la asociación Jueces y Juezas para la Democracia han puesto en entredicho que el CGPJ continúe cubriendo plazas pendientes de renovar. Estas afectan a las diferentes Salas del Supremo, a las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia o de las Audiencias Provinciales. Tras la ruptura de las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo en agosto pasado, el ministro Campo ha desviado convenientemente el foco de la responsabilidad política hacia la anormalidad que se vive en el Consejo. Abrió la veda cuando Lesmes decidió reanudar las nominaciones de altos cargos tras constatar que no había acuerdo entre las fuerzas mayoritarias en el Congreso.

El punto culminante llegó la semana del 28 de septiembre. En una entrevista en RNE, Campo afirmó que el Consejo estaba en «en descomposición» y que debería medir sus actos porque estos «tienen incidencia» . Apuntaba directamente contra el Pleno que se iba a celebrar dos días después para cubrir, entre otras, seis plazas clave en el Supremo. En este contexto llegaron los mensajes de las entidades progresistas, que denunciaron la «falta de legitimidad» y el «abuso de derecho» que se estaba cometiendo, ya que se estaba «erosionando indudablemente» la actual representación parlamentaria en el Congreso. Aquel Pleno del CGPJ de 30 de septiembre desoyó las presiones y cumplió con su deber pese a estar en funciones. La decisión contó con el voto particular del vocal Alvaro Cuesta, abogado y exdiputado socialista, que denunció la «injerencia política» para no renovar el órgano y conseguir así un determinado resultado en los nombramientos. La vocal Concepción Sáez, propuesta por Izquierda Unida, secundó esta moción.

Sin embargo, en toda esta ofensiva contra la legitimidad del Consejo de Lesmes, encabezada por el ministro Campo, han quedado en el olvido las designaciones que hizo el CGPJ del que formó parte (también estaba el principal negociador hoy del PP, el consejero de Justicia madrileño Enrique López).

Entre los 32 nombramientos que se hicieron, 13 fueron en 2007, primer año en funciones, y 19 en 2008. Solo en el Pleno del 23 de abril de 2008 se cubrieron 10 plazas de altos cargos, cuatro de ellos en el Supremo. En esa interinidad se nominó por ejemplo a Manuel Marchena como magistrado de la Sala Segunda.