Procesan al exconsejero leonés Alfredo Prada por el Campus de la Justicia de Madrid

El juez ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño de Justicia Alfredo Prada y a otras cinco personas por prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM).

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata calcula que estos hechos supusieron un menoscabo de cientos de millones de euros para las arcas públicas y por los que también ha procesado al entonces director de Seguridad del Campus de la Justicia, el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal cuando gobernó en Castilla-La Mancha y que está imputado en la pieza Kitchen del caso Villarejo.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 253 páginas, el magistrado explica que los investigados , liderados por Alfredo Prada, quien "en última instancia tomaba todas las decisiones", se pusieron de acuerdo con terceras personas y empresas "para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo" .

Por ello procesa también a Isabelino Baños, Mariano José Sanz y Alicio de las Heras en sus condiciones de director general Técnico, subdirector general Técnico y director Financiero del Campus, respectivamente, con el asesoramiento de Félix José García; y archiva la causa para dos imputadas.

Tras un pormenorizado examen de los contratos, De la Mata considera que Prada y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos de CJM".

No se trata, dice, de autoridades o funcionarios que hayan sustraído dinero público para su lucro personal, sino que la conducta perpetrada "afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial (hasta el punto de haber sufrido perjuicios el erario público de cientos de millones de euros)".

El juez subraya "la intervención personal y directa y la preeminencia absoluta" que tuvo el también ex vicepresidente segundo de la Comunidad Alfredo Prada en la toma de decisiones de los procesos de contratación "en la primera fase" del CJM.

Todos los contratos relacionados con publicidad y comunicación, que alcanzaban más de 5 millones de euros, "se sustrajeron materialmente a la propia mercantil CJM". Es decir, las contrataciones no se decidían en dicha empresa, porque allí, dice el juez, "se limitaban a ejecutar las órdenes que llegaban desde Vicepresidencia y Consejería" de la Comunidad, es decir, de Prada".

Es más, según el magistrado, los trabajadores de CJM encargados de esto estaban integrados junto al resto del personal del gabinete de Prada, y en todos esos contratos, las decisiones se tomaban "personalmente" por él, que firmaba en la mayoría de los casos las decisiones de adjudicación y los contratos.

De esta forma, el proyecto, en lo que se refiere a aspectos de comunicación y publicidad, de un importe multimillonario, pasó a ser "una herramienta más de la Vicepresidencia y Consejería para sus propios fines institucionales".

El juez sostiene que los investigados "conocieron perfectamente la ilegalidad de su actuación" , afirma que existe "un buen conjunto de contratos" donde se concertaron con grupos empresariales "para fijar un precio arbitrario" y conseguir la adjudicación, y añade que también prescindieron de procedimiento de contratación y fraccionaron contratos, entre otras irregularidades.

Ve "con claridad" la existencia de "un plan criminal defraudatorio" en ejemplos como la contratación de los consultores Buro Happold y Gleeds Iberica en relación con el contrato de Foster and Partners para la redacción del proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Según la documentación de la causa, los consultores habrían facturado sus servicios a través de la firma de arquitectura, "siendo pagados por CJM".

También menciona la contratación de The Bank por 40.000 libras inglesas. El método, según el juez, fue el mismo: para ocultar esta contratación, disimular el pago y evitar el proceso de licitación y la libre concurrencia de empresas, se abonaron los servicios a Foster & Partners, para que esta lo pagara a la agencia de comunicación.

"La conclusión es que CJM pagó a consultores externos 3.275.513 euros" para servicios no incluidos en el contrato con la firma de arquitectura, "si bien la facturación se hizo mayoritariamente a través de esta empresa" sin constar procedimiento de contratación de los consultores.

Entre los contratos presuntamente irregulares también menciona la "Gestión Integrada del Proyecto y la construcción de la urbanización y la edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia de Madrid (2007)", la "Edición y distribución del libro "Foster & Partners", la "Creación de la marca representativa y estrategia de comunicación del proyecto Campus de la Justicia", el "Servicio de asesoramiento jurídico".