La crisis abierta con la Corona se agudiza ante el anuncio del rey de volver a España para la Navidad

Los actuales son tiempos de gran exigencia. Nos esperan muchas dificultades pero también nos respaldan sólidos valores que nos hacen sentirnos orgullosos de ser españoles, y un pasado reciente de superación que nos sirve de estímulo». Estas palabras las pronunció don Juan Carlos en la Nochebuena de 2011. Son las que Zarzuela eligió en su día para el encabezamiento donde se almacenan discursos históricos, imágenes y actos del emérito. Donde se recuerda su legado. Como miembro —no activo— de la Familia Real se le respeta su lugar en la web de Casa Real, junto a los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Sofía. Es, con el título honorífico de rey, el único privilegio del que hoy disfruta.

Hace ya años que el castillo de naipes que había levantado durante décadas se vino abajo. Y fue en aquella misma intervención en la que, sin nombrarlo, sentenció a Iñaki Urdangarin. Don Juan Carlos abogó hace ahora nueve años por el comportamiento ejemplar para los representantes públicos y señaló a la justicia, «igual para todos», como destino para quienes se saltan la ley.

El ‘caso Nóos’, con la perspectiva del tiempo, fue solo la punta del iceberg que ha golpeado de lleno a la Monarquía. Porque meses después, en plena instrucción de una causa que acabó con el marido de la infanta Cristina entre rejas, el entonces jefe del Estado se derrumbó en Botsuana. Aquella caída, el 13 de abril de 2012, lo cambió todo. De poco sirvieron sus disculpas — «lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir»—. El safari para matar elefantes en compañía de la que —luego se supo— había sido su amante, Corinna Larsen, lo colocó en la casilla de salida para su abdicación. Se consumó el 19 de junio de 2014.

Un difícil encaje

Durante el siguiente lustro, Felipe VI, impulsor de «una monarquía renovada para un tiempo nuevo» —como proclamó el día que asumió la Corona—, tuvo que hacer juegos malabares para desvincular a la institución que representa de los asuntos privados de su padre. La misión resultó imposible. Los parches de nada sirvieron. Don Juan Carlos, lejos de ser un activo para la Casa Real, se había convertido en un lastre. Dicen fuentes del entorno de Zarzuela que hace ya tiempo que el rey emérito ha dejado de servir a la Corona, que «no piensa en lo que puede ser bueno para don Felipe ni para España». Hace cuatro meses, en su carta de despedida, el 3 de agosto, don Juan Carlos negaba la mayor: «Guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», escribió. Las palabras y los hechos son, cuanto menos, contradictorios.

La ruptura entre padre e hijo es un hecho. Como la fue entre don Felipe y su hermana Cristina. A ella la despojó en 2015 del título de duquesa de Palma que le había concedido don Juan Carlos con motivo de su boda con Urdangarin en 1997. Al emérito, a quien nunca se le encontró encaje con el relevo en la jefatura del Estado, lo apartó primero de la agenda real y hace nueve meses lo repudió públicamente, al renunciar a la herencia que pudiera corresponderle y retirándole la asignación de la Casa Real.

A aquel duro escrito del 15 de marzo, que llegó como respuesta a la aparición de don Felipe como beneficiario de dos fundaciones objeto de investigación —su nombre ya ha sido retirado de ambas—, se remite Zarzuela cada vez que se sondea la opinión del Rey sobre los asuntos judiciales que afectan a su padre. El monarca, mantienen fuentes bien informadas, ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Ni siquiera se le pudo arrancar una palabra cuando en agosto don Juan Carlos puso rumbo a Abu Dabi. Felipe VI es inflexible y actúa con contundencia contra todo aquello que pueda dañar a la institución que representa.

En esta misión se ha encontrado con un aliado que a priori podría calificarse de inesperado: Pedro Sánchez. «La Monarquía no está en cuestión. Se juzgan personas, no instituciones», ha repetido el presidente del Gobierno en varias ocasiones, la última este miércoles, pocas horas después de que el emérito comunicara, a través de su abogado, que había regularizado su situación fiscal, abonando a Hacienda 678.373,72 euros por el uso de tarjetas opacas, para evitar así una causa judicial. Está por ver qué determina la Fiscalía del Supremo al respecto. Lo que parece complicado es que el caso se dé por cerrado antes de primavera. De ahí que resulte chocante que el rey emérito haya trasladado a sus allegados su deseo de regresar estas Navidades a España, al entender que su horizonte judicial se ha aliviado. Porque, a estas diligencias, su suman la de la donación de 65 millones de euros a Corinna Larsen y otra, en estado embrionario, por la aparición de una cuenta en un paraíso fiscal. Desde que puso un pie en los Emiratos Arabes — «mal asesorado, sin duda», dicen fuentes bien informadas—, don Juan Carlos no ha dejado de repetir a sus más cercanos que su marcha era temporal, que quiere instalarse de nuevo en Zarzuela, en la que fue su residencia desde 1962. Su deseo choca de lleno con la posición del Gobierno y con el mutismo en la Casa Real.

Figura histórica

Desde Moncloa dicen que es un asunto que atañe únicamente a Zarzuela, y que ha de ser don Felipe quien medie para convencer a su padre de lo contraproducente que sería su regreso a España, más cuando un sector del Ejecutivo no oculta el objetivo de instaurar, más pronto que tarde, la república como modelo de gobierno. Don Juan Carlos le haría un flaco favor a su hijo si se le ve, por ejemplo, navegando por Sanxenxo.

De ahí que Felipe VI, quien en su despedida al emérito en agosto remarcó la importancia que representa el reinado de su padre, «como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia», no nade entre dos aguas y se mantenga firme ante don Juan Carlos. Eso sí, no permitirá que se eche por tierra la figura histórica de su padre, siguiendo el ejemplo de los más de setenta exministros, expresidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos que en agosto suscribieron un manifiesto de apoyo al rey emérito, recordando su legado en estos más de cuarenta años de democracia, la «etapa histórica más fructífera que ha conocido España.