El CGPJ desafía al Gobierno y busca a la UE para frenar la reforma de PSOE y Podemos
Exige sin unanimidad al Congreso que pida informes consultivos sobre las competencias del gobierno de los jueces
El CGPJ, reunido en un pleno del órgano de los jueces en enero de este año. MARISCAL
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) movió ayer ficha para impedir que el Gobierno de coalición, a través de sus grupos parlamentarios, apruebe la reforma que afecta al «núcleo esencial» de sus competencias constitucionales en materia de nombramiento de altos cargos estando en funciones. En un extenso pleno, el órgano de gobierno de los jueces sacó adelante por una holgada mayoría de 16 votos contra cinco un acuerdo en el que insta al Congreso de los Diputados a solicitar informes consultivos sobre la propuesta, al tratarse de una modificación de una ley orgánica.
Pese a que se trata de una iniciativa parlamentaria de PSOE y Unidas Podemos y no del Gobierno, por lo que no requiere una intervención expresa de los órganos supervisores como en otras propuestas normativas, el Consejo está dispuesto a jugar sus cartas para impedir que la reforma salga adelante, por vía de urgencia, sin contar con los integrantes del Poder Judicial o de las instituciones europeas que vigilan los sistemas judiciales.
En primer lugar, el acuerdo de este jueves reclama al Congreso, en referencia implícita a su presidenta Meritxell Batet, que promueva la posibilidad de que el CGPJ se pronuncie sobre esta iniciativa legislativa, y en segundo término pide a la Cámara baja que reclame un informe a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia, perteneciente al Consejo de Europa), en relación al régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, como ocurre ahora.
Esta solicitud busca la intervención directa de los organismos europeos, como ya hiciera con la reforma sobre el cambio de mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo. Entonces, el Consejo de Europa dio un toque de atención al Ejecutivo por la posible vulneración de la independencia judicial y el presidente Pedro Sánchez decidió meter en una cajón la propuesta para desbloquear con el Partido Popular la renovación del CGPJ, cuyo mandato acaba de cumplir dos años en funciones.
Aunque la presidencia del Congreso o la Mesa de la Cámara baja no están obligados a tramitar esta petición, quedaría en mal lugar desde un punto de vista estético que el Poder Legislativo orille sin más esta solicitud del órgano que gobierna el Poder Judicial. De ahí la relevancia de la posición institucional que asuma ahora la presidenta Batet en la tramitación de esta petición formal.
El acuerdo del Consejo, además, se carga de razones para implicar al Consejo de Europa en la reforma. Afirma en su acuerdo que la trascendencia constitucional de la modificación propuesta y la exigencia de interpretación conforme con el Derecho de la UE demandan que «toda iniciativa legislativa que delimite aspectos esenciales del estatuto de los miembros del Poder Judicial debe tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados». Y esto incluye al CGPJ, a la Comisión de Venecia y a las asociaciones judiciales y fiscales españolas, sobre todo.
Del mismo modo, dentro de su plan para involucrar a los organismos europeos, el Consejo decidió mandar este acuerdo a la Red Europea de Consejos de Justicia, para que tenga conocimiento de las iniciativas legislativas del Gobierno español y vigilen su tramitación por si afecta a la independencia judicial.
Los cinco vocales que votaron ayer en contra de este texto, todos ellos de procedencia progresista, anunciaron la formulación de un voto particular tras respaldar una enmienda del consejero Alvaro Cuesta. El exdiputado del PSOE proponía anunciar al Congreso y el Senado la renuncia irrevocable el próximo 1 de enero de todos los vocales para obligar a la renovación del órgano por fuerza mayor. La iniciativa de máximos fue rechazada por los otros 16 integrantes del Pleno, entre ellos el presidente Carlos Lesmes, 11 vocales conservadores y cuatro progresistas como Cuesta.
El acuerdo del Consejo llegó después de una sesión en la que se nombraron con amplias mayorías (17 votos de 20) a los presidentes de las Salas de lo Social de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Asturias y de la Audiencia de Cáceres.
El Pleno del Consejo acordó el pasado enero paralizar los nombramientos de cargos gubernativos en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno; y volvió a paralizarlos en julio por razones de prudencia ante la confirmación en esa fecha de la existencia de negociaciones entre PSOE y PP para la renovación. Pero el bloqueo existente obligó al Lesmes a reanudar las designaciones pendientes el pasado septiembre. En esta línea, el Pleno también aprobó este jueves las bases que regirán el proceso de selección de 12 plazas de nombramiento discrecional que han quedado vacantes, seis de ellas en el Tribunal Supremo.