La Conferencia Episcopal se desentiende de la carta

La Conferencia Episcopal Española se apresuró ayer a emitir una nota para desentenderse de la pastoral, titulada Preparar la paz, en la que los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria sostienen que ilegalizar Batasuna provocará más confrontación y piden el acercamiento de los presos a Euskadi por una cuestión de «humanidad». Un escueto comunicado de cuatro puntos, leído sin aceptar preguntas por su portavoz, Juan José Asenjo, fue el método utilizado por el Episcopado para eludir públicamente cualquier responsabilidad o adhesión en relación al documento emitido el jueves por los prelados vascos. Sin embargo, el texto de reacción de la Conferencia Episcopal no critica en ningún momento la misiva ofrecida por los obispos del País Vasco a los feligreses, e incluso valora como «firme» la condena que hace el documento del terrorismo etarra. Para empezar, la oficina de información de la Conferencia Episcopal Española aclaró que los prelados vascos hicieron pública la carta pastoral conjunta «bajo su exclusiva responsabilidad, como pastores de sus propias Iglesias particulares». El Episcopado también deja claro que no tuvo conocimiento del texto de la polémica hasta «unos instantes antes» de su difusión a través de los medios de comunicación social. Recuerda, a su vez, que ninguno de sus órganos estimó necesario pronunciarse sobre la Ley de Partidos Políticos, cuya aprobación se tramita en el Congreso de los Diputados «en el ejercicio de sus competencias constitucionales». Por último, la nota de prensa pone de relieve la «firme condena» que, a su juicio, hace el documento del terrorismo de ETA, que «no tiene justificación alguna, ni moral, ni jurídica, ni política». Con su reacción, el Episcopado dejó satisfecho esta vez al Gobierno, que meses atrás transmitió su malestar por el hecho de que la Iglesia no se sumase al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito por PP y PSOE. Fueron varios los miembros del Gobierno y dirigentes de PP y PSOE, entre ellos el ministro del Interior, Mariano Rajoy, y el presidente andaluz, Manuel Chaves, que entonces acusaron a la jerarquía eclesiástica de mostrar «tibieza», «ambigüedad» y de «no quererse comprometer» ante el problema del terrorismo. En su respuesta a las críticas recibidas, Rouco Varela insistió en el argumento de que, a su juicio, la Iglesia no debe tomar parte en las «legítimas iniciativas que competen a los partidos políticos». Y enfatizó que «la política en sentido estricto no es competencia de la Iglesia en cuanto tal».