El caso Bitel pasa al Supremo para que Matas declare como imputado

El caso Bitel, nombre de la empresa encargada de ofrecer el servicio informático tanto al Ejecutivo balear como al Consejo Insular, investiga el reenvío entre 1998 y 2000 del correo electrónico dirigido por el presidente de la Comisión Insular de Urbanismo, Francesc Quetglas, al ordenador de Sebastià Vallori, entonces funcionario de la secretaría de Matas y encargado de filtrar los mensajes recibidos por éste a través de Internet. El ex presidente del Gobierno balear llegó incluso a exhibir en el Parlamento regional un documento «remitido, en exclusiva», al citado alto cargo socialista. El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, firmado por los magistrados Juan Catany Mut (presidente), Eduardo Calderón Susín y Francisco Javier Mulet Ferragut, considera «prematuro» el cierre de las actuaciones. Y es que, a su juicio, aunque hubiera existido «un error inicial» en el reenvío de esos correos electrónicos a otras direcciones, «es razonable pensar que, una vez se fueron recibiendo documentos en la cuenta de Vallori, se produjo el apoderamiento o aprovechamiento de los mismos». En el escrito judicial se plantea la necesidad de tomar declaración a Jaume Matas, dado que fue uno de sus colaboradores personales, encargado de filtrar el correo del presidente, quien pudo realizar el desvío del mismo en provecho de su entonces jefe. Los magistrados entienden que el ahora ministro de Medio Ambiente debería comparecer como imputado ante el Supremo, único órgano competente para juzgar a miembros del Gobierno, para «asegurar la plena efectividad del derecho de defensa». Por ello, puntualizan que a esa condición «no debe asociársele en principio connotación peyorativa alguna». La resolución de la Audiencia mallorquina también puntualiza que «los hechos sí tienen en principio encaje» en los supuestos de delito contra la intimidad personal, al contrario de lo que argumentó un abogado de la defensa. Más adelante, considera que la orden judicial de archivo, ahora revocada, entra en valoraciones de pruebas que no corresponden a la fase procesal de la instrucción. Por ello, critica que se extienda en explicaciones «con las que se intenta desvirtuar la potencialidad» de los indicios criminales hallados en la investigación, como por ejemplo, «la tardanza» del señor Quetglas en denunciar, ya que ello «no desvirtúa» el supuesto espionaje sufrido por él. Ratificación El abogado de Francesc Quetglas, y diputado socialista, Antonio Diéguez, destacó que la resolución de la Audiencia «ha ratificado lo que todo el mundo veía normal». Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Eberhard Grosske, reclamó a Jaime Matas que no mantenga más «una situación imposible» y «deje de pasear su cadáver político». El presidente de la Federación PSM-Entesa Nacionalista, Pere Sampol, también consideró prudente que el ministro «abandone la vida política» para «dejar de hablar solamente de casos de corrupción». Y es que, en su opinión, «tanto el caso Formentera como este Bitel han hecho bueno a Gabriel Cañellas (ex presidente balear al que José María Aznar hizo dimitir por su implicación en la adjudicación irregular de las obras del túnel de Sóller)». Mientras, en el PP, el jefe de la oposición en la Cámara balear, José María González Ortea, presentó el caso del espionaje electrónico como «una estrategia de desgaste político». Sobre la inocencia del responsable de su formación en las islas, afirmó que es «total».