El Congreso aprueba con la mayoría la ley para ilegalizar a Batasuna

Los 16 votos contrarios fueron formulados por IU, PNV, Bloque Nacionalista Galego, Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya. Un resultado que colmó las expectativas del Gobierno porque, según dijo Ángel Acebes, era necesario alcanzar el mayor consenso posible sobre una ley que va «contra los verdugos y en defensa de las víctimas». El titular de Justicia señaló tras el debate que dentro de unos meses ETA ya no podrá contar con la pantalla de «un partido político legal que forma parte de su estructura y organización y es financiado con el dinero de todos los ciudadanos». Una estratagema, añadió, «obscena e indigna». Acebes no quiso entrar en disquisiciones sobre el voto en contra del PNV y la mayoría de la ciudadanía vasca que rechaza la norma porque el apoyo a la ley es del «95 por ciento del Parlamento que representa a todos los ciudadanos» y «no se puede trocear», un consenso, prosiguió, que es «uno de los más importantes» de la legislatura «en una de las leyes más esenciales». El proyecto pasa ahora al Senado que, por el trámite de urgencia, debatirá y aprobará el texto el 25 de junio sin posibilidades de introducir cambios, ya que, según recordó Acebes, «no se han dejando flecos abiertos» y todo está pactado. El portavoz del PP y secretario general del partido gubernamental, Javier Arenas, defendió que su formación no se ha guiado «por tácticas o intereses electorales» a la hora de impulsar la ley. Aunque el duelo dialéctico entre los portavoces estuvo exento de aristas, la sombra de la pastoral de los tres obispos vascos crítica con la ley de Partidos planeó sobre el Congreso y motivó un ligero rifirrafe entre Arenas y el portavoz del PSOE, Diego López Garrido. El socialista López Garrido defendió que la proscripción sólo está prevista para los casos de apoyo al «racismo, violencia o terrorismo» y, hoy por hoy, Batasuna «considera que es lícito utilizar la violencia para conseguir objetivos políticos». Las fuerzas que se opusieron a la aprobación de la ley coincidieron en el diagnóstico: la norma y su consecuencia, la ilegalización de Batasuna, profundizará la fractura social y alejará la normalización política en el País Vasco.