El Gobierno impedirá obtener papeles a inmigrantes clandestinos

La línea del proyecto de reforma que perfila Interior, dirigido por Mariano Rajoy, dejará al cupo o contingente anual de trabajadores extranjeros (contratos en origen) como única y exclusiva fórmula para conseguir papeles en España. Después de las cuatro regularizaciones extraordinarias puestas en marcha por el Gobierno en los dos últimos años, la intención del Ejecutivo es suprimir esta figura de la legislación de extranjería: «hacer desparecer de nuestras leyes el paso automático de la ilegalidad a la legalidad», tal y como explicó ayer Fernández-Miranda. Tras el proyecto de impedir por ley que los clandestinos tengan alguna opción a obtener documentación está la filosofía del Gobierno de que la «puerta falsa» de las regularizaciones para hacer disminuir las bolsas de ilegales tiene el efecto perverso de incentivar la llegada de nuevos indocumentados. Técnicos y abogados de Interior trabajan desde mediados de mayo en la que será la tercera reforma de la normativa de inmigración en dos años y que el Ejecutivo quiere que esté en marcha antes de final de 2002. La intención es reservar el otoño para el debate parlamentario en busca de un consenso con el PSOE. Un acuerdo que el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, cree difícil porque ellos (la oposición) «están en la posición de papeles para todos y política de puertas abiertas». La idea del Ejecutivo es que el propio José María Aznar sea el que presente en el debate sobre el Estado de la Nación a mediados de julio las líneas maestras de esta «reforma de la contrarreforma» de la Ley de Extranjería, que ya incluirá los acuerdos sobre inmigración de los Quince que se alcancen en Sevilla. Fin del arraigo El borrador de reforma que elabora Interior -y que será completado por Trabajo, Exteriores y Justicia- incluye dentro de las medidas para cerrar el «paso automático» a la legalidad eliminar el concepto de «arraigo» (la estancia durante cinco o tres años en España y su integración en la sociedad) que se recoge en la vigente normativa de inmigración. El Gobierno, antes de encarar esta reforma, ya había bloqueado la posibilidad de que los irregulares con contratos de trabajo pudieran optar a la residencia estando ya en España. Con la supresión de las regularizaciones, el arraigo y el régimen general, la Ley de Extranjería sólo dejaría que un clandestino que ya estuviera en España pudiera obtener papeles por «motivos humanitarios». Las modificaciones también alcanzarán al Código Penal.