El Episcopado defiende a ultranza la postura de todos los obispos vascos

Tras cuatro horas de reunión, después de una «ponderada deliberación» y en un ambiente de inusitada expectación, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan José Asenjo, leyó una nota de cuatro puntos en la que la institución cierra filas en torno a los prelados vascos, sin que ello signifique apoyar, en ningún momento, su rechazo a la ilegalización de la formación independentista radical. De acuerdo con la «doctrina social de la Iglesia», el Episcopado reconoce, en primer lugar, la «legitimidad» que asiste al Estado democrático para legislar contra Batasuna, en concreto, para «regular legalmente la participación de los partidos políticos en la vida pública al servicio del bien común». Y añade que decidir sobre las condiciones para la «constitución, funcionamiento y disolución de partidos», de acuerdo con los «derechos humanos», es competencia y tarea de los órganos del Estado de Derecho. El portavoz del Episcopado dejó claro que en la carta de los obispos de las diócesis vascas a sus feligreses hay una «clara y terminante condena del terrorismo y de todas aquellas personas o grupos que colaboran con las acciones terroristas, las encubren o las defienden». Por ello, por el «compromiso de la Iglesia en defensa, acompañamiento y protección de los amenazados y de las víctimas, así como por su inequívoca apuesta por la eliminación del terrorismo», la Conferencia Episcopal sostiene que «no es justo afirmar que en la pastoral de los obispos vascos se opta por un partido político determinado». Sentados sus fundamentos, el Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, del que forma parte el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, denunció la forma de ejercer la crítica, «a todas luces injusta y desproporcionada», a la que, en su opinión, dio lugar la publicación de la pastoral. «Desfigurar y omitir» Entiende la jerarquía católica que la libertad de información y opinión «no autoriza a ninguna instancia social a desfigurar el sentido del documento, omitir partes esenciales o hacer decir lo que realmente no dice». Por lo tanto, considera «evidente» que con «esta crítica descalificadora se daña gravemente a la Iglesia», al «disminuir su credibilidad moral y limitar la libertad que le garantizan la Constitución y los acuerdos firmados entre el Estado y la Santa Sede». Entre el sinfín de reproches contra los prelados vascos, sobresalieron las duras acusaciones vertidas por el presidente José María Aznar, quien calificó el documento de «especialmente desafortunado, una perversión moral e intelectual grave». Aznar afirmó incluso que los obispos de las diócesis vascas llegaron a decir, por escrito, que «lo mejor que les puede pasar a las víctimas es que los criminales anden sueltos». Unas invectivas del presidente que causaron profundo malestar en el Episcopado, hasta el punto de que el cuarto apartado de la nota ofrecida ayer parece dedicado casi en exclusiva a Aznar. Así, el Ejecutivo de la Conferencia Episcopal «invita a todos» a tener en cuenta que es el terrorismo el que supone siempre «una gravísima perversión (precisamente el mismo término que empleó el presidente del Gobierno) de la conciencia moral, cuya rectificación no se verá facilitada por el desprestigio de instituciones como la Iglesia». Si el comunicado no cita expresamente a Aznar, sí lo hizo el cardenal arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, quien subrayó que «el jefe de Gobierno no puede llamar inmorales a los obispos», y añadió que la «Iglesia también podría hablar sobre la moralidad de ciertas leyes que ha impulsado el Gobierno».