El ministro Portavoz, Pío Cabanillas, desvía el debate a la polémica entre la Iglesia y sus feligreses
El Gobierno quiere zanjar el conflicto pero mantiene sus críticas a la pastoral
El Gobierno quiere dar por zanjada la polémica con la Iglesia Católica y frenar la escalada verbal entre ambas instituciones que provocó la pa
La delicada situación de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Gobierno acaparó ayer las conversaciones de los miembros del Gabinete en su cita semanal de los viernes. El titular de Exteriores, Josep Piqué, y Cabanillas fueron los encargados de difundir la doctrina gubernamental sobre el asunto y, mientras el primero dio por cerrada la polémica, el Portavoz, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, negó la existencia de un «conflicto» entre ambas instituciones. El presidente del Ejecutivo, desde Lisboa, se ratificó en su posición crítica con respecto de la pastoral de los obispos vascos y explicó que el Gobierno no tiene que rectificar porque «se siente bien respaldado» por el 95% del Congreso y la inmensa mayoría de los españoles. En nombre del Gabinete, Cabanillas se permitió recomendar a la Conferencia Episcopal que haga «una reflexión sobre sus planteamientos ante los españoles que respaldan mayoritariamente la ilegalización de Batasuna». El mensaje de Aznar sobre el reparto de responsabilidades también pone de manifiesto que el Gobierno quiere sacarse de en medio para que la Iglesia haga frente a las opiniones de su feligresía que, según el Ejecutivo, están en abierta discrepancia con la posición de los obispos vascos, respaldada por la Conferencia Episcopal. «La Iglesia tiene un problema tremendo con sus fieles», dicen desde La Moncloa, «el daño que ha hecho este episodio a su propia reputación es enorme», añaden. Percepción en el partido Este ambiente de protestas entre los católicos es percibido por dirigentes del PP dentro de su propio partido, que cuenta con numerosos creyentes y practicantes. «Los más devotos son los que están más enfadados», asegura un dirigente popular que dice ser consciente de que «defender ante la opinión pública la obligatoriedad de la asignatura de Religión va a ser ahora mucho más difícil que hace una semana». La sorpresa fue la primera reacción de los miembros del Ejecutivo ante el comunicado difundido el jueves por la Conferencia Episcopal y con el que la jerarquía eclesiástica española salió en defensa de los prelados vascos. «El escrito no tenía nada que ver con las conversaciones que muchos mantuvimos con miembros de la Iglesia», señaló uno de los ministros que asegura que las opiniones de los representantes eclesiásticos con los que se reunieron distintos miembros del Gobierno no se ven reflejadas en el comunicado oficial de la Conferencia Episcopal. El mismo portavoz gubernamental recordaba, entre otros contactos, el encuentro del titular de Exteriores con el Nuncio del Papa en el que Pique encontró «comprensión» para las quejas del Ejecutivo.