Interior admite la existencia de casos aislados de abusos a inmigrantes

El titular de Interior trató de desmontar con datos concretos las duras acusaciones que Amnistía realiza en su informe «España: Crisis de Identidad, tortura y malos tratos por motivos racistas a manos de agentes del Estado», presentado el pasado mes de abril y en el que dice haber detectado 321 casos de abusos racistas a minorías desde 1995 hasta los primeros meses de 2002. Rajoy se centró en la decena de supuestos más graves para defender la «profesionalidad, dedicación, esfuerzo y abnegación» de las fuerzas de Seguridad. Sólo en dos de los expedientes los policías están condenados o pendientes de juicio; en el resto, explicó, los casos denunciados habían sido archivados, los acusados absueltos o los tribunales no han visto indicios suficientes para investigar. Ante esta perspectiva, Rajoy aseguró que el estudio de AI «en algunos casos no se ajusta a la realidad», y pidió prudencia porque el Gobierno no va apresurarse a sancionar a los agentes señalados en el informe si no hay sentencia contra ellos y mucho menos si los tribunales han absuelto a los funcionarios. El ministro consideró «muy arriesgado» convertirse en inquisidor, «corrigiendo las sentencias de los tribunales» y obviando el principio de que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. «No pongo en duda la credibilidad de Amnistía Internacional», dijo el vicepresidente primero, quien en su momento ya escribió una carta a los responsables de este colectivo para quejarse sobre el contenido del informe. Lamentó Rajoy que la organización haya «generalizado a partir de unos casos concretos». «¿Dónde está escrito que todo lo que diga Amnistía Internacional sea verdad y lo que dicen las fuerzas de Seguridad sea falso?», se preguntó el máximo responsable de la policía española. «Amnistía también se equivoca», aseveró. «España es un estado de Derecho. Si se producen torturas se juzgan», aseguró tajante Rajoy, que este martes compareció en la Comisión de Justicia e Interior de la cámara baja a petición del PSOE, Izquierda y el Grupo Mixto para explicar la versión de su departamento ante las duras acusaciones de Amnistía. Las explicaciones del ministro no convencieron a la oposición. La portavoz socialista, Delia Blanco explicó que el propio ministro, y no las fuerzas de Seguridad, era el «responsable» de las «zonas de impunidad en la inmigración y en la extranjería» que han surgido en los cuerpos de orden público. «Cuanto más opacas, mejor para su discurso», espetó Blanco al vicepresidente.