El Senado inicia la cuenta atrás para poner al margen de la ley a Batasuna

El ministro de la Presidencia, Juan José Lucas, manifestó que entrará en vigor a partir de este viernes o el próximo lunes. A partir de ese momento, el Gobierno vigilará la actuación de Batasuna para decidir el momento en que promueve la proscripción. El Ejecutivo insistió en que no tiene una fecha preconcebida, pero el vicepresidente primero, Mariano Rajoy, adelantó que el proceso se pondrá en marcha en el instante que la formación radical no haga «una condena expresa» de un atentado de ETA. Extremo que el PNV no se cree porque sospecha que el Gobierno activará la ley «cuanto antes». El Senado, como era de prever, aprobó sin cambiar una coma el texto que llegó del Congreso, rechazó las 83 enmiendas y los cinco vetos y cada grupo se reafirmó en sus posturas. La votación no deparó sorpresas, el rechazo a la ley cosechó 14 votos, el 5,4 por ciento del total, de siete senadores del PNV, uno de Eusko Alkartasuna, dos de IU, dos de Esquerra, uno del Bloque y uno y uno de Ciudadanos por el Cambio, en contra se pronunciaron 220 senadores, el 94,6 por ciento, de PP, PSOE, CiU y CC. Sólo se registró un cambio en el veto del PNV, en el que los nacionalistas catalanes se abstuvieron. Dos senadores socialistas, ambos del Partit dels Socialistes de Catalunya contrarios a la ley, no acudieron al pleno para no romper la disciplina de voto. El ministro de Justicia, Ángel Acebes, insistió en que «no puede ser legal un partido que utilice sus sedes para esconder armas y ser vivero de asesinos», tampoco puede estar amparado por la legalidad una formación que «forma parte del aparato financiero y de propaganda de los terroristas». Con la mirada puesta en los nacionalistas e IU, advirtió que la ley nunca se utilizará contra «las ideas o fines» de un partido, sino por «los medios» que emplea para alcanzarlos. Acebes reclamó a los grupos contrarios a la norma que no incurran «en el error histórico» de «no plantar caras a los verdugos» por un concepto equivocado de los objetivos de la ley y reprochó al PNV, Eusko Alkartasuna e IU que presenten un manifiesto contra el texto para «apoyar que no sean ilegalizados los partidos que forman parte del entramado terrorista de los agresores de la alcaldesa de Lasarte». Recordó que el domingo, Ana Urchueguía, gobernante del municipio guipuzcoano, fue «agredida y vejada por 50 bárbaros terroristas» por el delito de no aceptar «su uniformidad ideológica» y recordó que la ley persigue esas conductas. El portavoz del PP, Pío García Escudero, rechazó los argumentos de que la ley va a quebrar más de lo que está la convivencia en el País Vasco porque consideró imposible que se pueda «radicalizar más el enfrentamiento y la fractura social» en el País Vasco. Replicó también a los que ponen en tela de juicio la oportunidad de dar este paso ya que, en todo caso, se puede achacar a la ley que llega tarde, «25 años tarde, cerca de mil muertos tarde, de miles de bombas tarde». Admitió que las consecuencias de la aplicación de la norma son difíciles de evaluar de antemano, pero consideró que «por higiene democrática» es una medida necesaria ya que lo que no puede ser es «no hacer nada».