El Defensor del Pueblo denuncia la falta de defensa de los recién llegados

Los inmigrantes que llegan a la isla canaria de Fuerteventura ven vulnerados algunos de sus derechos funtamentales más básicos, como su asistencia letrada o la tutela judicial efectiva. La denuncia es de la adjunta al Defensor del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que hoy señaló en el Senado como responsable de esa situación, sobre todo, al Colegio de Abogados de Las Palmas, pese a que la institución colegial cuenta con un aporte de fondos públicos para asegurar la protección legal de los clandestinos. La adjunta al Defensor presentó en la Cámara Alta los resultados de una investigación dirigida por su oficina, que ha permitido detectar cómo, por ejemplo, los abogados de oficio atienden a los inmigrantes internados en Fuerteventura sólo una única vez, durante unos dos minutos de media, sin traductor alguno y con el único objetivo de que firmen el acta de notificación del inicio del expediente de expulsión. Por cada inmigrante asistido de esta manera, los letrados de oficio cobran 72,12 euros. Alguno de ellos facturó más de 3.000 euros en una sola jornada por este sistema. Para Cava de Llano, con esta forma de encarar su trabajo son los propios letrados los que provocan que los inmigrantes firmen su propia expulsión sin saber que lo hacen, y les cierran la oportunidad de recurrir a vías alternativas, como la solicitud de asilo o refugio, a la que tienen derecho la mayoría de los que llegan a la isla al proceder de países en conflicto. Los clandestinos arribados a Fuerteventura pasan así a un estadio que denominó de «limbo jurídico»: imposible regularizar su situación, no pueden ser expulsados porque proceden de países con los que no hay convenio de repatriación o, en muchos otros casos, porque es imposible determinar su nacionalidad al carecer de documentos de identidad fiables.