Garzón procesa a 65 etarras en la vista contra la trama terrorista

. Dentro de la parte del sumario que el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco cerró este lunes, de cara a su elevación a la Sala de lo Penal de la Audiencia para que ésta decida si hay elementos suficientes para celebrar una vista oral, no se incluyen las organizaciones que supuestamente controlan el terrorismo callejero y el llamado frente de las cárceles. Así, las piezas separadas relativas a los colectivos juveniles Jarrai-Haika y Segi, las plataformas Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna y las Herriko tabernas (que, según Garzón, han sido usadas para recaudar el chantaje a empresarios y profesionales) continuarán aún abiertas. En esta ocasión, el magistrado no hace uso de sus conocidos argumentos sobre la conexión existente entre ETA y sus distintos satélites, con los que a su entender mantiene una relación de «complementariedad e interdependencia plenamente acreditada». Conclusiones Los diez folios de su auto, que sirve para poner fin a una investigación que ha durado casi cuatro años y medio, se limitan a enumerar las distintas actuaciones que ha emprendido desde febrero de 1998, cuando abrió el conocido sumario 18/98 para tratar de desentrañar los apoyos, legales y alegales, de los que ETA se ha aprovechado desde su nacimiento para eludir la acción judicial. En mayo de ese año, Garzón infringió el primer gran golpe policial contra el entramado no militar de la banda, al detener a una docena de personas y registrar varias empresas sospechosas de financiar al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Entonces, el magistrado dejó claro que ETA y la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) eran un binomio indisoluble -sustituido en septiembre de 1999 por el matrimonio ETA-Ekin- donde la primera «marca las directrices, hace las recomendaciones y aprueba las iniciativas (...) que afectan tanto a la estrategia política del MLNV, como a las finanzas o a la lucha armada». Ilegalización Kas (al frente de la cual sitúa al presunto etarra huido Mikel Albizu) fue ilegalizada en noviembre de 1998, cuando se produjeron los primeros procesamientos de personas vinculadas a Herri Batasuna como Xavier Alegria y José Luis Elcoro, acusadas de los delitos de integración en banda armada y alzamiento de bienes. El instructor les considera responsables de lo que sería el ministerio de Economía de la banda terrorista, supuestamente creado sobre las bases de las sociedades Ganeko y Gadusmar para blanquear su dinero en conocidos paraísos fiscales. Los datos obtenidos en esa operación contra el aparato financiero permitieron desmantelar en julio de 1998 la que Garzón denomina estructura mediática de ETA que, en su opinión, estaría centrada en los desaparecidos medios abertzales Egin (periódico) y Egin Irratia (emisora de radio), supervisados por los ex parlamentarios vascos Pablo Gorostiaga y José Antonio Echevarría. Uno de los supervivientes de su cierre, Pepe Rei (ex jefe del equipo de investigación del diario) fue detenido en enero de 2001 y después procesado por «reincidir» -a través de la revista Ardi Beltza en el «señalamiento» y «satanización» de posibles objetivos de la organización.