Garzón pide a Batasuna 24 millones por los daños de la violencia callejera

El embargo también recaerá contra los créditos que pueda tener concedidos y las subvenciones que perciba. El juez acuerda la responsabilidad civil solidaria de Batasuna, junto con la de las demás organizaciones del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), integradas en ETA, en los actos de violencia callejera que protagonizaron miembros de Segi, bajo el argumento de que suponen un «beneficio conjunto» al complejo de estructuras que componen la organización armada bajo el principio de la «complementariedad». Así, las acciones delictivas cometidas por las organizaciones ilegales del entramado, como son Segi, ETA y Ekin, y que, como tales, no pueden ser titulares de bienes, «debe generar una responsabilidad en función del riesgo no evitado, o consentido o incluso auspiciado, en todo caso, por HB-EH-Batasuna, que representa una especie de empresa pantalla en la que actúan unos administradores de derecho pero que obedecen las directrices de los administradores de hecho que dirigen la empresa matriz: ETA». «La instrumentación mutua entre diversas estructuras del mismo complejo terrorista liderado por ETA, no puede quedar sin respuesta, en el ámbito de la reparación, resarcimiento o indemnización de las acciones cualesquiera de ellas, ya que planeadas por unos (ETA), son desarrolladas por otros (Ekin) y ejecutadas por otros (Jarrai-Haika-Segi), a través de sus miembros. Y sus resultados benefician a todo el conjunto por coadyuvar a la finalidad ilícita común y única del mismo, que no es otra que la subversión en orden constitucional o la alteración grave de la paz pública», explica el auto. La resolución deja abierta una puerta para que se pueda exigir la responsabilidad civil de Batasuna en los atentados terroristas cometidos por la propia ETA y afirma: «La extensión de la responsabilidad civil debe comprender por tanto, una vez acreditada la vinculación entre ETA, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, HB-EH-Batasuna-Herriko Tabernas y otras estructuras del complejo liderado por la primera, a todos los casos y supuestos en los que se produzca una acción terrorista con resultado de daños para la vida, la libertad o el patrimonio público y privado». El auto comienza enumerando los daños producidos en tres convocatorias de violencia callejera realizadas por Segi. La primera, en julio de 2001, se produjo tras la muerte de la etarra Olaia Castresana, y los daños se valoraron en 7,2 millones de euros; el 31 de octubre de ese mismo año se protestó por la actuación judicial realizada contra Gestoras por Amnistía, y se produjeron destrozos tasados en 9 millones de euros. Después de la convocatoria realizada en Bayona (Francia) por Haritz Galarraga y Amaia Recarte, se registraron daños por 2 millones de euros. En total se produjeron destrozos valorados en 18.227.636,70 euros.