Aznar da instrucciones para establecer contactos con las autoridades marroquíes para volver al statu quo
El Gobierno ofrece a Rabat el uso compartido de Perejil si no es ocupada
En el Palacio de Viana en Madrid, sede del Ministerio de Exteriores, se vivió ayer una jornada de tensa expectación a la espera de una respu
Un grupo de personas protestó ayer en Rabat por la respuesta española
El presidente del Gobierno, José María Aznar, en su primera declaración pública tras la recuperación del enclave, anunció ayer que ya ha dado instrucciones para que comiencen los contactos con Rabat a fin de lograr que Perejil vuelva de «forma estable y duradera» al statu quo anterior a la invasión. Aznar, que recordó que España nunca va a aceptar una política de «hechos consumados», aseguró que el Gobierno no desea con sus vecinos del sur «tensiones indefinidas que a nadie interesan». «Nadie está más interesado que España en mantener las mejores relaciones con Marruecos», indicó. Tras las órdenes de Aznar, a lo largo del día se sucedieron «conversaciones informales» entre los dos gobiernos, siempre con el mismo mensaje desde la parte española: una declaración oficial del rey Mohamed VI o del primer ministro, o una nota diplomática en la que Rabat se comprometiera «sin ambigüedades», «de manera tajante» y «sin fisuras» a aceptar el status quo de la isla anterior a la invasión del 11 de julio bastaría, «sin más avales», para poner fin a la ocupación de los 75 legionarios del Tercio Duque de Alba que todavía permanecen en la isla. A partir de ahí, y de inmediato, podrían comenzar las conversaciones para dirimir el conflicto. Unas conversaciones que Exteriores confía en que sirvan para abordar, no sólo el futuro de Perejil, sino para poner fin a la crisis bilateral agravada desde la retirada el pasado octubre del embajador en Madrid, Abdelsalam Baraka. El futuro de Perejil -señalaron portavoces de Exteriores- sí sería objeto de debate. La última oferta española fue enviada ayer a Rabat, fundamentada en tres puntos: «uso compartido de Perejil» por parte de la Gendarmería Real y de la Guardia Civil para combatir el tráfico de estupefacientes, el contrabando y la inmigración ilegal; compromiso por ambas partes de no tener presencia fija en la isla (ni personas, ni construcciones) y prohibición explícita de cualquier símbolo de soberanía (banderas).