La Fiscalía investiga si la quema de una bandera española exalta el terrorismo

Las fuentes jurídicas consideran que si todo se limita a la quema de la enseña española, la instrucción debe llevarla a cabo un Juzgado de San Sebastián por un presunto delito de ultraje a un símbolo nacional, y podría cerrarse con una simple multa económica a los autores de los hechos. Pero si la investigación concluye que se trata de un posible delito de justificación o enaltecimiento del terrorismo, incluido en el Código Penal, sería la Audiencia Nacional la encargada de estudiar la apertura de un proceso penal. Al término del homenaje a la ikurriña, cinco encapuchados quemaron una bandera española y el miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Joseba Álvarez se refirió al reciente comunicado de ETA y sostuvo que lo único que expresó la banda terrorista es que «por el camino de la ilegalización de Batasuna no se puede ir a ningún lado». El lunes pasado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco abrió diligencias informativas por otras declaraciones de Álvarez, durante la marcha de Batasuna el pasado domingo en San Sebastián, en las que advirtió al presidente José María Aznar de que «si quiere guerra, Euskal Herria le responderá con la lucha», y avanzó que la ilegalización de Batasuna creará un «clima muy duro». Rectificar a tiempo Por otra parte, PP y PSOE coincidieron ayer en denunciar la contradicción que, a su juicio, caracteriza a los nacionalistas en relación al proceso de ilegalización de Batasuna. El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, se mostró explícito y dijo en Málaga que no puede entender a quienes admiten que Batasuna es un «títere» de ETA y, sin embargo, «no consideran conveniente su ilegalización». «Es una contradicción intelectual difícilmente asumible», dijo el líder socialista. Rodríguez Zapatero se mostró convencido de que las formaciones políticas que actualmente dudan o no van a apoyar en el Parlamento el proceso de ilegalización de Batasuna «rectificarán con el tiempo», puesto que, a su juicio, «el proceso será un instrumento eficaz para evitar la impunidad y para que la democracia española gane dignidad en la defensa de los valores y los derechos humanos». El líder socialista recuerda a quienes critican la aplicación de la Ley de Partidos que nadie ha dicho que la ilegalización de Batasuna «sea la panacea», sólo un paso adelante en la lucha contra el terrorismo y en la victoria final ante los terroristas y una decisión que supondrá «más libertades». La dirección del PP puntualizó que existe «una diferencia como de la noche al día» entre la abstención y el voto en contra de la ilegalización de Batasuna o, lo que es lo mismo, entre las posturas que adoptarán previsiblemente CiU y con toda seguridad los nacionalistas. Según explicó el portavoz popular, Rafael Hernando, no es lo mismo abstenerse o «mirar hacia otro lado» que «actuar como abogado defensor de Batasuna». El PP está convencido de que el PNV cometerá un «grave error histórico» y busca dos objetivos al rechazar la disolución de Batasuna: evitar convertirse en objetivo de ETA, lo que Hernando definió como «un acto de cobardía», e intentar «heredar un puñado de votos» de Batasuna, lo que a su juicio supone un «acto vergonzoso». Hernando tampoco defendió la postura de «tibieza» de CiU, al entender que cuando «se reconoce la relación entre ETA y HB hay que definirse». Otras posturas IU, que ya anunció su decisión de abstenerse en la votación por la que el Congreso, instará al Gobierno a que promueva la ilegalización de Batasuna, registró ayer en la Cámara Baja un escrito en el que solicita el Gobierno el «informe» elaborado por el grupo de técnicos del Ministerio de Justicia, dirigido por el Jefe de la abogacía del Estado, sobre supuestos protagonizados por la dirección y organización de Batasuna en relación con la Ley de Partidos Políticos.