El Consejo reclama un fiscal general más independiente del Gobierno

La respuesta del órgano asesor y de representación democrática de la carrera fiscal es el resultado de la reunión que mantuvieron sus miembros el pasado 29 de mayo, en la que analizaron los principios rectores de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Público que está elaborando el departamento de José María Michavila, pero de la que aún se desconoce su texto articulado. Precisamente este hecho ha obligado a los consejeros a «esbozar» sólo unos «planteamientos genéricos» que en el citado encuentro «alcanzaron un alto grado de consenso o cualificado parecer mayoritario». Como ya ocurriera en anteriores consultas, una de las principales reivindicaciones de los fiscales, en la que coinciden tanto el Consejo como las dos asociaciones profesionales (conservadora y progresista), es el establecimiento de un plazo para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado, «durante el cual no pudiera ser cesado sino por causas objetivas y tasadas». Cuestión de prestigio A juicio de los representantes de la carrera, «ello sin duda prestigiaría la institución ante la ciudadanía», y acabaría con la permanente sospecha de que el Gobierno de turno usa la dependencia del jefe máximo del Ministerio Público para guiar sus actuaciones en un sentido concreto. En línea con esa solicitud, aprobada por el Parlamento en mayo de 1997 y olvidada desde entonces, el Consejo Fiscal considera «aceptable» la fijación de un plazo de cinco años como periodo de mandato en todas las jefaturas del Ministerio Público, «con posibilidad de renovación (en principio no limitada) y causas tasadas de cese». No obstante, «desde la idea de un ejercicio controlado de la jerarquía, y en evitación de posibles riesgos de discrecionalidad», el órgano asesor considera «prudente y conveniente» que sea necesario un informe suyo favorable, «en aras al mantenimiento de las garantías estatutarias y promoción conforme a todos los criterios profesionales existentes». La medida afectaría a profesionales que, por uno u otro motivo, han tenido diferencias de criterio evidentes con el Ejecutivo de Aznar y, según resaltan los principales partidos de la oposición (PSOE, IU, CiU y PNV), podría suponer «un cheque en blanco para eliminar a quienes les han resultado más incómodos». Entre estos últimos, las fuerzas parlamentarias de izquierda destacan los nombres del responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo; o los jefes de las Fiscalías de Madrid y Barcelona, Mariano Fernández Bermejo y José María Mena, todos ellos miembros de la Unión Progresista de Fiscales. Por el contrario, y desde el ámbito conservador, los detractores de dichos fiscales les reprochan que sometan al actual Gobierno a un «acoso cuasi permanente». El caso del jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, merece una atención especial, pues su puesto en clave para intentar compensar el poder omnímodo del fiscal general de turno, cargo que ocupa desde mayo de 1997 Jesús Cardenal. Proyectos El proyecto gubernamental de Estatuto del Ministerio Público contempla que ese cargo sea nombrado directamente por el jefe máximo de la institución, que tenga la categoría de fiscal de Sala y que se aumenten sus emolumentos (unos 1.800 euros mensuales más). Los consejeros consideran que esa propuesta puede suponer «una merma de la autonomía funcional y garantías dentro de la carrera fiscal», ya que el jefe de la Inspección, «en consideración a las sensibles tareas que tiene encomendadas, opera como contrapeso interno en toda nuestra estructura orgánica». Por ello, advierten de que de seguirse el sistema de libre designación que quiere llevar a cabo el Gobierno, «sería preciso revisar la participación de ese fiscal como miembro nato del Consejo, e introducirse cautelas para garantizar la imparcialidad y control de la función inspectora».